Singular panorama provincial. San Luis, entre conflictos sociales y un gobernador con licencia para viajar

Alberto Rodríguez Saá fue autorizado a ausentarse del país "durante 2005"

15 de mayo de 2005

LA NACION

SAN LUIS.- La sensible baja en la temperatura de esta capital, por lo general calurosa y gris, coincidió con el final de una semana llena de amenazas cruzadas, refriegas violentas, gritos de guerra y una sensación de batalla permanente en el aire, mientras el sillón del gobernador permanecía una vez más vacío, aunque esta vez con permiso legislativo.

El polémico gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció el lunes último en la Casa de Gobierno un aumento generalizado de salarios para empleados públicos, pasantes y los más de treinta mil beneficiarios del plan de Inclusión Social, horas antes de que se desatara una catarata de hechos violentos.

Manifestaciones de la Multisectorial opositora contra el actor y director Dady Brieva en su lugar de trabajo y la quema de la puerta de las oficinas del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, quienes encabezan producciones cinematográficas en la provincia; paros de docentes, judiciales y otros empleados públicos; un ataque de jóvenes encapuchados contra la casa de Raúl Laborda Ibarra, uno de los dirigentes responsables de los ataques a Brieva.

Todo se sucedió en 72 horas, mientras el gobernador hacía uso del permiso que la Legislatura le otorgó el 20 del mes último "para ausentarse del país durante 2005 cuando razones de Gobierno así lo requieran", según reza en la resolución número 6 CD-05 por nota del Ejecutivo.

Un funcionario cercano a Rodríguez Saá explicó a LA NACION que el gobernador está en Buenos Aires ultimando detalles y reuniones sobre el mundial de ajedrez, que en septiembre próximo se hará en la provincia, y no se descartan "viajes al exterior" relacionados con el tema, que desvela al mandatario, jugador aficionado y docente de ese deporte.

Según opositores como Juan José Laborda Ibarra, la actitud de la Legislatura "es de una clara obsecuencia" y la del gobernador "podría constituir abandono de trabajo, y causal de juicio político en su contra", dijo a LA NACION. En noviembre último, el gobernador obtuvo un permiso similar que vencía el mes pasado.

Al margen de su polémica ausencia, el gobierno puntano vuelve a enfrentarse con una serie de conflictos, en un clima que oficialistas y opositores no dudan en calificar como enrarecido y peligroso.

A seis meses de las elecciones legislativas, la controvertida ley de cine dictada por el gobierno provincial, que destina al menos $ 25 millones anuales para producciones de jóvenes cineastas, pobló la provincia con conocidos actores y actrices de las pantallas chica y grande, y cosechó serios reparos de la oposición.

El ex diputado provincial Jorge Daffra (Multisectorial) anunció a LA NACION que su sector seguirá con las marchas contra Brieva, que dirige su primer film, "Pedile a San Antonio", y contra Rodríguez, que produce la telenovela "Sálvame María" y la película "Arbol de Fuego".

Para Daffra, "los artistas no son inocentes ni monjes trapenses, saben a qué vienen. Mientras ellos disfrutan ese dinero hay 230 casos de hepatitis en pueblos de 4400 habitantes".

Y se distanció de las encabezadas por Raúl Laborda Ibarra, quien lideró los tres ataques a la película de Brieva y que anteayer fue atacado por encapuchados en su casa. Su hermano Juan José advirtió que "la violencia es repudiable, pero hay que entender la bronca de la gente, el primer provocador es el gobierno".

Desde el oficialismo se responde con parecida elocuencia. El PJ provincial, que lidera el efímero ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, repudió los hechos de violencia, acusó de "vándalos y enemigos de San Luis" a quienes atacaron a Brieva y a Rodríguez, y se declaró "en alerta y movilizado por la paz social".

El vocero de la gobernación, Sergio Bastias, afirmó: "Estamos enojados con ese grupo minúsculo de gente que provoca violencia y que perjudica a los propios puntanos".

Jaime Rosemberg

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