Santa Cruz se suma a Chubut y recrudece el embate contra YPF
El gobierno de Santa Cruz le dio cinco días a la petrolera YPF para justificar "la falta de inversiones" en esa provincia bajo la amenaza de retirarle la concesión en más de 20 yacimientos, sumándose así a la intimación por decreto decidida por el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que otorgó a la compañía siete días para presentar un plan de inversiones o resignarse también a una quita de concesiones.
La exigencia de Santa Cruz, donde se produce el 20 por ciento del petróleo del país, se envió por carta documento al vicepresidente de YPF, Sebastián Eskenazi, para que brinde explicaciones sobre las escasas inversiones que la firma habría hecho en los yacimientos locales.
"Del relevamiento efectuado por el Instituto de Energía de Santa Cruz, de datos por usted proporcionados en carácter de declaración jurada, surge palmariamente que vuestra representada [YPF] ha omitido de manera sistemática efectuar inversión alguna en diversos yacimientos bajo vuestra titularidad", dice la carta, informó ayer la agencia estatal Télam.
En YPF confirmaron ayer a LA NACION que conocían la existencia y parcialmente el contenido de la carta documento, ya que, dijeron, aún no la habían recibido, aunque descartaron que llegará a sus oficinas mañana. En la petrolera, el alivio que provocó la falta de anuncios de parte de la presidenta Cristina Kirchner en su discurso ante el Congreso, sobre alguna medida concreta contra YPF el jueves pasado, dejó paso a la preocupación.
Es que allí creen que el Gobierno tiene un plan para intervenir de alguna manera en la empresa controlada por la española Repsol y que éste sigue adelante a pesar de las gestiones que llevaron a cabo el gobierno de Mariano Rajoy y el rey Juan Carlos, que permitieron cierta tregua en el embate de la administración kirchnerista. "Le sacaron el protagonismo al Poder Ejecutivo y ahora se lo dieron a las provincias, tratan de meterse en la compañía y buscan alguna manera que sea legal", interpretó ayer una fuente de YPF que pidió anonimato.
Según Télam, la carta del gobierno santacruceño, firmada por el ministro de Economía y Obras Públicas, Ariel Ivovich, y el presidente del Instituto de Energía, Juan Ferreiro, enumera los yacimientos con inversiones "nulas". Ellos son Barranca Yankowsky; Barranca Baya; Cañadón de la Escondida; Cerro Grande; Cañadón León; Cañadón Seco; Meseta Espinosa; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Estancia Cholita; Estancia Cholita Norte; Cerro Guadal; Cerro Guadal Norte; Cerro Piedras; Los Sauces; El Guadal; Lomas del Cuy; Aguada Bandera; Los Monos; Cerro Bayo; La Cueva; Las Mesetas, y Koluel Kaike.
Ante la consulta de LA NACION, en YPF dijeron que están analizando los pasos por seguir ante los requerimientos de Santa Cruz y Chubut, aunque dijeron que una presentación de ese tenor "no se elabora en siete días". De todos modos, afirmaron tener ya presentado un plan de inversiones 2010-2014 con todos los proyectos trazados detallados.
Por último, respecto de la asamblea cuestionada por la Comisión Nacional de Valores, en la que se negó el ingreso al representante del Estado porque quiso entrar acompañado por otros funcionarios, señalaron que, llegado el caso, podría volver a realizarse.
Va a la huelga un sindicato de petroleros
El gremio de trabajadores del Petróleo y Gas Privados de Río Negro, La Pampa y Neuquén realizará el miércoles próximo un paro de actividades en protesta por el despido de 100 operarios de empresas contratistas del sector. El jefe del sindicato, Guillermo Pereyra, confirmó la huelga por despidos y preavisos en San Antonio, Skanska e YPF, entre otras, y advirtió: "Si nos quedamos callados, van a seguir los despidos y si levantamos la voz, van a volver marcha atrás". Pereyra dijo que pasado mañana habrá una asamblea para analizar la situación, pero advirtió que la huelga seguirá en pie si las empresas no dan marcha atrás.
Temas
Más leídas de Política
Crisis en la relación bilateral. Por las acusaciones de Milei, Petro expulsó a los diplomáticos argentinos de Colombia
Lavado. El Colegio Público de la Abogacía presentó un amparo contra la obligación de reportar operaciones sospechosas
300 posibles despidos. El Gobierno dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Enacom