Santiago del Estero: denuncian una estafa del gobierno juarista

Es por un crédito que inicialmente fue pactado en U$S 120 millones, pero que luego alcanzó la suma de U$S 189,7 millones; además, Lanusse removió a 20 delegados municipales por considerar que tenían una tarea similar a la de una red de espionaje
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30 de abril de 2004  • 14:38

El contador Ernesto Habra presentará hoy una denuncia por una megaestafa producida durante el gobierno de Carlos Arturo Juárez al estado santiagueño por un crédito que inicialmente fue pactado en U$S 120 millones, pero que luego alcanzó la suma de U$S 189,7 millones.

La presentación involucra no sólo al entonces titular del Poder Ejecutivo, Carlos Juárez, sino también al ministro de Economía, José Federico Trejo, así como al subsecretario de Hacienda, a funcionarios de Fiscalía de Estado, del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría General de la provincia y a todos los diputados que integraron la Legislatura en ese tiempo.

En el escrito, también pidió que se investigue el crecimiento patrimonial que tuvieron todos los denunciados y que se verifique si hubo un enriquecimiento ilícito.

Según indicó el matutino local El Liberal, los trazos más gruesos de la denuncia indican, por ejemplo, que la provincia tomó un préstamo por U$S 120 millones, cuando se debía abonar una suma inferior a los U$S 39 millones.

También señala que pudo verificar que "se pagaron comisiones y honorarios en muchos casos sin recibos ni facturas a nombre de la provincia por un monto de U$S 33 millones, una cifra muy aproximada a la deuda, que sirvió de argumento para tomar los U$S 120 millones".

Una red de espionaje

Por otro lado, el interventor de la provincia, Pablo Lanusse, desarticuló la estructura "de gobierno paralelo" que detentaban 20 delegados departamentales, al considerar que "conspiraban contra la competencia de los ministerios del Poder Ejecutivo, sobre la autonomía de los municipios, y la autoridad de sus intendentes", a la vez que "tenían una tarea similar de una red de espionaje".

Así lo anunció anoche Lanusse, junto al jefe de Gabinete, Pablo Fontdevila, al denunciar que los delegados tenían "más poder real" que los jefes comunales, porque determinaban quiénes debían ser los beneficiarios de los planes sociales del Estado, de las obras públicas y además tenían el control de la policía en sus territorios de influencia.

La intervención, mediante una ley y un decreto, dispuso la remoción de los delegados, y les otorgó un plazo de 72 horas para que reintegren los bienes y fondos del Estado que manejaron, en caso contrario se les iniciarán las acciones penales que correspondan ante la Justicia.

Más información: El Liberal

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