Schoklender: secuestran armas y cheques

La causa que investiga el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo sigue avanzando con un ritmo vertiginoso: el juez federal Norberto Oyarbide inmovilizó ayer el patrimonio de Sergio Schoklender y sus empresas, y volvió a allanar una de ellas, Meldorek, compañía que construye casas para la Fundación y cuyo dueño real es Schoklender, que hasta hace una semana lo negaba.

La Justicia ya había estado en la sede de Meldorek el viernes pasado. Entonces, dejó bajo custodia dos cajas fuertes que estaban cerradas. Ayer, volvió con un cerrajero, las abrió y encontró, además de chequeras y papeles de la empresa, armas: una escopeta calibre 16, una carabina calibre 22 y el cañón de un pistola 9 milímetros sin numeración. Hoy, investigarán sus antecedentes en el Registro Nacional de Armas.

Siete horas antes, a las 7.45, en los tribunales empezaba el día cuando Sergio Schoklender se presentó en la ventanilla del juzgado de Oyarbide. Después de los primeros allanamientos dispuestos en su contra y la prohibición de salida del país, el ex apoderado de la Fundación había decidido tomar la iniciativa: se presentó con ocho cajas de colores llenas de papeles y pidió declarar en el momento.

Oyarbide le dijo que no. Se negó a recibirlo y minutos después ordenó nuevas medidas en la causa; entre ellas, el segundo allanamiento en Alvarez Thomas 198, donde la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) encontró las armas.

Además, el juez dispuso el secreto del sumario y tomó nuevas medidas de prueba. No sólo congeló los patrimonios de los acusados -como había anunciado LA NACION-; también pidió decenas de informes a distintos registros públicos y al Banco Central.

La causa de Oyarbide tiene por objeto central investigar el desvío de millones de pesos que estaban destinados a construir viviendas sociales. Schoklender, como apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo , es el principal acusado de esta estafa. Por eso, será clave para la causa investigar sus bienes, que incluyen yates, autos de lujo y numerosos inmuebles.

El legislador de la Coalición Cívica Fernando Sánchez informó a LA NACION que hoy presentará, junto con otros legisladores, nuevas pruebas en la causa de Oyarbide. Entre ellas, documentos que acreditan que Schoklender es el dueño de una Ferrari cupé 2006, un yate de medio millón de dólares, una chacra en Chubut y un avión.

Se sumará al resto de los documentos que está reuniendo el juzgado. Ayer, Oyarbide solicitó que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le remitieran todas sus auditorías sobre la ejecución de los convenios entre la Fundación y el Estado para la construcción de viviendas populares.

En caso de que la Sigen no hubiera auditado esas obras, el juez la intimó a que lo hiciera, según informó un funcionario con acceso a la causa.

Las medidas ordenadas ayer coinciden, casi todas, con lo que había solicitado el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, pero el juez no dispuso por el momento ninguna declaración testimonial. Entre las pruebas sugeridas por el fiscal está, por ejemplo, la citación como testigo del director del Programa Federal de Viviendas, que depende del Ministerio de Planificación.

"Primero tenemos que analizar toda la documentación. Hay un entramado complicado de empresas por investigar", dijo un funcionario del caso. A los papeles secuestrados, se sumaron ayer los documentos que acompañó el propio Schoklender.

"Le entregamos al juez libros societarios, balances, facturas, remitos e informes bancarios", dijo Adrián Tenca, el abogado de Schoklender, a LA NACION. Según relató, la primera aparición de su defendido en la causa había sido el viernes pasado. "Se presentó, se puso a disposición del juzgado y dijo que tenía información para aportar. Eran los documentos que presentamos hoy [por ayer]", informó el abogado.

Durante la visita de Schoklender a los tribunales hubo tensión. No sólo porque él pretendía entrevistarse con Oyarbide, también porque quería que el juzgado certificara cada uno de los documentos que estaba presentando. Finalmente, las cajas quedaron cerradas y lacradas; de esta manera se evitó revisar cada uno de los papeles.

Los delitos que se investigan en esta causa son tres: fraude al Estado por administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación ilícita.

La hipótesis que pidió investigar el fiscal Di Lello es que Sergio Schoklender y una serie de cómplices -entre ellos su hermano Pablo, que también presentó ayer un escrito en el juzgado- desviaron fondos que el Estado nacional había girado a la entidad que preside Hebe de Bonafini para la construcción de viviendas.

EN VOZ ALTA

• "Ha habido una intencionalidad en retirar los controles del Estado. Si no, no pudieron haber sucedido las atrocidades que han pasado y se están descubriendo."

Francisco de Narváez

Diputado del Peronismo Federal

• "De qué vale decir que son de izquierda si andan en Ferrari. Se roba por izquierda, se roba por derecha, pero todos roban"

Elisa Carrió

Diputada de la Coalición Cívica

• "Hay que resguardar el prestigio de las Madres de Plaza de Mayo, hasta que no se compruebe lo contrario. Se las podrá acusar de desprolijidad, ingenuidad, de estar distraídas..., sí, puede ser, pero me tendrán que convencer de algo más"

Javier González Fraga

Candidato a vicepresidente de la UCR

DOS CAUSAS QUE AVANZARÁN POR SEPARADO

El juez federal Norberto Oyarbide no es el único que investiga los fondos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Una semana antes de que se iniciara esta causa, se abría otra en el juzgado federal que subroga Marcelo Martínez De Giorgi. Ambos jueces creen que, por lo menos por ahora, los expedientes deben tramitarse en paralelo. El de Martínez De Giorgi está mucho menos avanzado: no hubo todavía requerimiento fiscal porque la denuncia (más genérica) era poco clara y el abogado particular que la hizo no se presentó a ratificarla. Los acusados en este caso son Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández y Julio De Vido.