Se inició en el país una causa que se investiga en España
El juez Torres recibió ayer el expediente El magistrado español Baltasar Garzón no pudo avanzar con el caso porque el gobierno de Aznar negó los pedidos de extradición Habrá nuevas detenciones
Los crímenes denunciados por el juez español Baltasar Garzón, por los que fueron detenidos durante cuarenta días 39 militares y un civil, son a partir de ayer investigados por el juez federal Sergio Torres.
La causa que se inició en el Juzgado Federal Nº12 está basada en el pedido que el magistrado español le hizo, con carácter de "urgente", a su par argentino Rodolfo Canicoba Corral, luego de que el gobierno de José María Aznar desistió de juzgar a los militares en Madrid.
El trámite español investiga la desaparición de unas 1500 personas en todo el país durante la última dictadura militar.
La versión argentina de la causa "Garzón" está basada en los crímenes denunciados en Madrid y en la documentación enviada por el magistrado español, que se constituyó como denunciante.
"Ahora que el balón está en el tejado argentino, que lo jueguen", fue expresión utilizada en España para explicar el pedido de Garzón.
El expediente involucraría en primera instancia a todos los uniformados que eran investigados por el juez español, entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Antonio Domingo Bussi, Jorge Isaac Anaya, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Adolfo Donda Tigel, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Carlos Suárez Mason, Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Omar Rubens Graffigna, Augusto Neme, Carlos Capdevila y Juan Antonio Azic.
La mayoría de ellos fue liberado ayer por orden de Canicoba Corral, en tanto, que siete de los militares quedaron detenidos.
No será otra megacausa
No obstante, en los tribunales de Retiro descartaron que esta investigación vaya a constituirse en una megacausa similar a las de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y a la del Primer Cuerpo del Ejército, reabiertas anteayer por la Cámara Federal porteña y, al menos por ahora, en manos del propio Torres (de lo que se informa por separado).
Cuando Torres comience el período de instrucción la causa irá disminuyendo su tamaño, dado que muchos de los hechos allí denunciados son objeto de investigación de causas iniciadas con anterioridad, informaron a LA NACION en el edificio de Comodoro Py.
Así, por ejemplo, los uniformados incluidos en el pedido de Garzón que se desempeñaban en el centro clandestino de detención de la ESMA serán juzgados en esa causa específica.
Los delitos cometidos por ex miembros del Primer Cuerpo tampoco serán objeto de esta nueva investigación. "De los 40 militares, una decena quedará en esta causa", estimaron ayer en el cuarto piso de los tribunales.
El primer paso que analizaba Torres era solicitar en los próximos días a su par español que envíe toda la documentación recopilada en Madrid. Al igual que en las megacausas, el criterio del juzgado será "avanzar rápido, pero no apurados", describieron fuentes judiciales.
La causa que se inició ayer recayó en el Juzgado Federal Nº12 luego de que Canicoba giró anteayer la denuncia de Garzón a la Cámara Federal porteña, que sorteó la investigación entre los jueces federales.
Una presentación en la misma dirección había realizado el fiscal Guillermo Marijuán, que solicitó anteayer a Canicoba Corral que eleve el pedido de Garzón a la Cámara Federal. Al igual que en el expediente tramitado en Madrid, la denuncia se cursó bajo los cargos de genocidio, terrorismo y tortura.
"Garzón me puso en conocimiento de una serie de delitos y si no hay extradiciones, hay denuncia", había explicado entonces Marijuán a LA NACION.
En Comodoro Py existía con anterioridad una autodenuncia que abogados de los militares habían hecho para impedir ser juzgados en España.
Tanto el fiscal como Canicoba Corral habían mantenido encuentros previos con representantes de organismos de defensa de derechos humanos, que solicitaron al juez que no liberara a los uniformados detenidos con fines de extradición.
Canicoba Corral desestimó, sin embargo, extender los arrestos en virtud del pedido enviado por Garzón y decidió archivar el proceso judicial.
"Si bien no se ha agotado el plazo de 40 días previsto en el tratado (de cooperación) para recibir los recaudos de la extradición, la resolución adoptada por el Consejo de Ministros de España pone fin de hecho a este proceso preventivo", argumentó en su fallo Canicoba Corral.
Indultos
- Los diputados postergaron ayer, sin fecha, el debate sobre la eventual anulación de los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 que favorecieron a los principales jefes de la dictadura militar -entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Carlos Suárez Mason-. La sesión especial que en principio había sido convocada la semana pasada para tratar hoy los proyectos de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, y de la legisladora radical, Margarita Stolbizer, debió ser suspendida por la falta de apoyo de las bancadas justicialista y radical, abocadas al tratamiento de los proyectos de leyes económicas pendientes.
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