Se prefirió avanzar y correr los riesgos de una acción judicial

Estiman que el juez Griesa no llevará al país al default y seguirá adelante la negociación
Mariano Obarrio
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27 de junio de 2014  

La decisión de Cristina Kirchner de girar ayer mismo el pago a los bonistas regulares de los canjes 2005 y 2010 dejó la incertidumbre de un final abierto, por un posible embargo del juez Thomas Griesa en favor de los fondos buitre. En la Casa Rosada, sin embargo, consideraban que la negociación con los holdouts continuará más allá de los discursos desafiantes del Gobierno y que Griesa no tomará la decisión de embargar esos recursos para llevar al país al default.

"El riesgo del embargo está dentro de lo posible. Nadie sabe qué va a hacer Griesa. Pero creemos que no va a tomar una decisión de ese nivel", dijo a LA NACION un alto funcionario.

"La sensación que tenemos es que la negociación continuará más allá de los discursos duros", agregó.

La Presidenta se reunió anoche en la Casa Rosada con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y con la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, la jefa de los abogados defensores de los bienes del Estado que pueden ser embargados en el exterior.

Una versión indicaba que el objetivo de girar el pago a los bonistas es que Griesa tome ese dinero en custodia y forme una cuenta de garantía para los fondos buitre. Con ese reaseguro, el magistrado podría restablecer el stay, la medida cautelar que pide la Argentina para negociar con los holdouts sin temor a que se ejecute el fallo firme de Griesa con un embargo sobre los pagos a los bonistas.

Esa sentencia obliga a pagarles 1330 millones de dólares a los fondos NML Capital y Aurelius.

La Argentina evitaría el costo de formar ese fondo. Pero le dejaría esa tarea a Griesa. Si ello ocurre, debería completar con otro pago adicional el vencimiento del bono Discount de los bonistas, para no caer en default. Si bien ese vencimiento es el lunes próximo tiene un plazo de gracia hasta el 30 de julio.

Precisamente, ayer Griesa denegó la reposición del stay, contra lo que pidió el Gobierno. Pero igualmente Kicillof anunció el envío del pago a los bonistas: de ese modo, los recursos argentinos quedaron a merced del juez. El fondo NML se presentó ante Griesa para reclamar un embargo de esos fondos. El juez citó a las dos partes para una audiencia hoy, a las 11.30, en Nueva York.

Restablecido el stay, el Gobierno ofrecería un menú de emisión de bonos y extensión de plazos para cumplir con la sentencia. Pero todo sería luego de diciembre, para evitar que se active la cláusula RUFO -vence ese mes-, que obliga al país a mejorar sus pagos a los bonistas si le mejora a otros acreedores.

Otra versión en el Gobierno aseguraba que Cristina Kirchner apuntó a poner a Griesa y a los holdouts en contra de los bonistas de los canjes 2005 y 2010. El propósito sería desafiar al juez a convertirse en el malo de la película y a enfrentar al 93% de los acreedores, que no cobraría si hay un embargo.

Por otro lado, la Presidenta quiere aislar internacionalmente al juez y a los buitres. El ex jefe de Gabinete y hoy representante ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Juan Manuel Abal Medina, presentó ayer en Montevideo sus cartas credenciales y recibió de ese organismo una carta de "rechazo" a los fondos buitre y respaldo a la posición argentina.

El día anterior, Kicillof esgrimió el apoyo del G-77 más China y de diversos países del Mercosur, del FMI y de diarios extranjeros. Si Griesa evita el embargo, la Argentina negociaría con tiempo. De lo contrario, la estrategia será de victimización y de denuncia: no la dejan pagar.

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