Se promulgó la ley Brisa, la reparación económica para hijos de víctimas de femicidios

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados sancionó la ley 27.452, más conocida como "ley Brisa", una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. Con 203 votos a favor, por unanimidad, el proyecto crea un régimen de pagos para niñas, niños y adolescentes cuyo "progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora". La normativa fue promulgada hoy.

La historia que le dio nombre a la iniciativa

Brisa y sus hermanos mellizos son hijos de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años que fue asesinada a golpes en diciembre de 2014 por Iván Adalberto Rodríguez, expareja de Daiana y padre de los chicos.

El cuerpo de Daiana apareció flotando en el arroyo Las Catonas en la localidad bonaerense de Moreno. El femicida fue condenado en 2017 a prisión perpetua. En aquel momento, el padre de Daiana, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos, y tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda -comida, ropa, útiles escolares, juguetes- para poder criar a los chicos.

El caso se volvió emblemático y, junto a otros tantos, fue tomado para impulsar los diversos proyectos de ley que buscaban brindar respuestas a esta situación crítica que afecta a más de 3000 menores de edad.

Detalles de la iniciativa

Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deberán acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño y/o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.

La reparación económica -el equivalente a un haber jubilatorio mínimo- deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente y será considera como de atención integral compatible con asignaciones familiares.

Además, la cobertura integral de salud deberá cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica; garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.