Se unen los intendentes en la pelea tarifaria
LA PLATA.- Los intendentes opositores de la provincia de Buenos Aires están en estado de rebeldía: se niegan a pagar el costo de reducir tarifas de servicios, con su recaudación.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, calificó de "brutal" el aumento de tarifas y denunció el ahogo financiero que sufren los distritos.
En concreto, los jefes comunales se niegan a reducir su recaudación municipal -mediante la quita de impuestos sobre las facturas de energía y agua- para morigerar el impacto del alza en los usuarios. En la semana que pasó lograron frenar un proyecto de ley que los obligaba a prescindir de recursos que perciben de forma automática.
Ahora redoblaron la apuesta: solo aceptarán un recorte en las tasas si el gobierno nacional baja las tarifas, netas de impuestos. "El ahogo financiero parte de la Nación a las provincias. Los municipios tenemos menos recursos y más responsabilidad. Los intendentes sienten que en vez de ayudarlos a gobernar se profundiza el deterioro", dijo Magario, que, además, orquesta una suerte de resistencia a nivel nacional.
En el orden provincial, los alcaldes del Frente Unidad Ciudadana presionaron para frenar una reforma impulsada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para eliminar impuestos y morigerar el impacto de las subas en los servicios públicos, en particular energía y agua.
La gobernadora aspiraba a reducir por ley el impacto de las tarifas (10,5% la energía, 6,3% el gas y 3,1% el agua), pero la negativa de los intendentes a dejar de percibir recursos obligó a desdoblar el proyecto. Y por tanto las reformas que tocan a las tasas municipales en energía no llegaron al recinto legislativo.
Pasó a comisión la reforma al artículo 75 de la ley 11.769, que se refiere a la contribución que abonaban mensualmente las empresas a las comunas y que se trasladan a las facturas de los usuarios. El recorte sumaría $1300 millones y podría afectar fuertemente las cuentas de algunos municipios, denunciaron los alcaldes. También pasó a comisión la reforma del artículo 57 de la ley 13.404, que fija impuestos a los prestadores de los servicios de agua y cloacas que van a las arcas municipales y que son trasladados al usuario.
"Los municipios perciben un 6% por la energía que la prestadora vende en cada municipio. Si se baja al 0,01 esto va a desfinanciar a los municipios. Es un problema", dijo el intendente de Tordillo, Héctor Olivera. Y agregó: "Esto nos obliga a apagar luces de noche, con lo que eso implica para la seguridad. Es impagable".
Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, dijo: "Algunos intendentes estamos dispuestos a discutir la baja de las tasas sobre las tarifas de los servicios públicos en la misma proporción en que bajen las tarifas mismas, netas sin impuestos".
El malestar por las tarifas no es solo opositor: también se extiende a los intendentes de Cambiemos, que por ahora callan su bronca.
Otra alerta por los aumentos
El Consejo Federal del Trabajo, que incluye a los ministros del área de todos los distritos del país, se reunió el viernes en San Luis y acordó una carta en la que se advierten sobre los impactos de las subas de tarifas. Consideró que el cuadro tarifario podría afectar el nivel de empleabilidad en las provincias y alterar la paz social.
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