Senado: el PJ cumplió con el Gobierno

El Senado aprobó ayer y giró a Diputados la prórroga del pacto fiscal hasta el 31 de diciembre de 1998, con lo cual la mayoría del bloque oficialista cumplió con su parte de la promesa realizada al Poder Ejecutivo de dar piedra libre al 50 por ciento del último paquete de medidas ingresado en el Congreso apenas asumió Roque Fernández al frente de Economía. En general votaron en favor de la prórroga del pacto fiscal los justicialistas -con excepción de Cristina de Kirchner y Felipe Ludueña-, los radicales José María Sáez; Conrado Storani y Edgardo Gagliardi, y Pedro Villarroel, del Frente Cívico; el liberal Juan Ramón Aguirre Lanari, y el autonomista José Antonio Romero Feris. En contra, votaron el bloque radical, el renovador salteño Roberto Ulloa y Alfredo Avelín, de Cruzada Renovadora de San Juan.

La iniciativa aprobada amplía generosamente el proyecto presidencial, pues mientras aquél sólo hablaba de la postergación en el tiempo de dicho pacto, los senadores debieron agregarle cuatro artículos más para determinar la forma en que se asignarán los impuestos, cuyo tratamiento ocurría también ayer en Diputados.

En rigor, podría decirse que lo que los senadores peronistas hicieron fue un fino ejercicio de ingeniería mental y legislativa, ya que votaron por la distribución de tributos a los que ayer la Cámara baja no pudo crear (de lo que se informa por separado). Ese era uno de los riesgos que, conscientemente, decidió asumir el grueso de la tropa peronista en el Senado. Pero el déficit y los compromisos previos con el PE y con los gobernadores pesaron más para que los hombres del oficialismo salieran a rastrillar obstáculos.

El nuevo diseño en la distribución de algunas alícuotas responde a que, a pedido del PE, se elimina la coparticipación del aumento del impuesto a los combustibles. Se trata de cerca de 1600 millones de pesos anuales que las provincias dejarán de percibir cuando el paquete económico esté definitivamente convertido en ley. Todo ese producido, de percepción rápida, será asimilado por la Nación para tapar el principal bache del déficit sobre cuya magnitud disienten Fernández y su antecesor, Domingo Cavallo: el sistema nacional de jubilaciones.

"Cargue un jubilado"

"El slogan de esta ley va a ser: cargue un jubilado en su tanque", ironizó anoche un importante legislador peronista. El hombre, no obstante, reseñó que la modificación no disgusta del todo a los gobernadores, por cuanto por esta ley se calcula que recibirán unos 800 millones de pesos de libre disponibilidad, mientras que la coparticipación por combustibles no les permite asignar los fondos según sus necesidades, ya que la distribución está hecha por ley. Paralelamente, los gobiernos de provincia también se beneficiarán al seguir recibiendo el 10 por ciento del impuesto a los bienes personales y, desde esta ley, con la coparticipación que comenzará a regir para el 90% restante que antes iba totalmente a la Nación. De él, las provincias se quedarán con 54,66%. Esta modificación se acordó a partir de que se decidió no incrementar dicha alícuota del 0,5 al uno por ciento.

¿Cómo se componen los 800 millones de pesos de libre disponibilidad para los distritos? Unos 440 millones corresponden a la base del impuesto a las ganancias, un piso asegurado conforme lo que se ha venido recaudando (lo cual implica que puede subir) y poco más de 300 millones de la nueva coparticipación de bienes personales.

Beneficio para las provincias

Otros de las cambios que favorecerá a los distritos está dado por la eliminación del texto del PE de la frase que establecía que esta prórroga del pacto fiscal sólo estaba relacionada exclusivamente a materia tributaria que estuvieren pendientes de implementación" , es decir, a los tributos por modificarse en Diputados. Al rebanar esa oración del texto original también queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para que los distritos que aún no lo hicieron transfieran sus cajas jubilatorias a la Nación, desregulen honorarios y dejen de percibir el impuesto a los sellos e ingresos brutos. Este último representa una recaudación importantísima para las provincias. Por caso, Buenos Aires percibe por ese concepto 250 millones de pesos. Según el pacto fiscal precedente, en diciembre próximo los distritos debían tener ajustadas todas sus cuentas. Ese fue el motivo principal del duro enfrentamiento que, durante su debate, protagonizaron los senadores de todos los bloques con Cavallo.

Sobre el aumento a los combustibles, el proyecto aprobado ayer especifica que el 21% de lo que se recaude por la aplicación de los gravámenes específicos a las naftas, a la gasolina natural, al solvente, al aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos -en la medida en que califiquen como naftas- y el producido de impuestos que graven el gasoil, el diesel oil, el querosén y el gas natural comprimido, se asignará al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El 79 % restante de la recaudación sobre las naftas, en tanto, se distribuirá conforme lo estipula la ley de coparticipación en vigor, es decir: 42% para el Fonavi, 29% para las provincias y 29% para la Nación.

La iniciativa también estipula que el producido del impuesto que grava a los automotores a gasoil, hasta el 10%, también será destinado al sistema nacional de jubilaciones.

Finalmente, respecto de la recaudación del aumento del impuesto a las ganancias, el Senado decidió que se efectivizará "con la previa detracción, de 580 millones de pesos anuales, cuyo destino será de 120 millones para el sistema nacional jubilatorio, de 20 millones anuales para refuerzo del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) y de 440 millones a los distritos, cifras esta última que será liquidada "mensualmente" .