Senadores oficialistas impulsan cambios en telecomunicaciones

Hay molestia por el beneficio a las telefónicas; reunión con el Gobierno
Gustavo Ybarra
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17 de noviembre de 2014  

No será el fantasma que Marx decía que recorría Europa en la segunda mitad del siglo XIX, pero en el bloque oficialista del Senado empiezan a registrarse tibios brotes de rebelión que han obligado al Poder Ejecutivo a ceder ante reclamos que ya no se hacen a puertas cerradas, sino en público.

Además de las 40 modificaciones introducidas al proyecto de Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), los senadores oficialistas pretenden ahora cambios en el proyecto de telecomunicaciones que impulsa la Casa Rosada.

El tema no es menor, ya que las quejas de los legisladores apuntan a una de las cláusulas más polémicas de la iniciativa y que es considerada como uno de los ejes del proyecto por la administración de Cristina Kirchner: la apertura del mercado de la comunicación audiovisual a las empresas telefónicas.

Esta decisión no sólo da marcha atrás con la ley de medios, que prohíbe esa participación y que con tanto énfasis los legisladores oficialistas defendieron en medio de la pelea de la Casa Rosada con el Grupo Clarín, sino que también complica la relación de muchos caciques peronistas del interior con operadoras de cable locales.

Es que estas empresas, muchas de ellas cooperativas o pymes, son el principal canal de información de la provincia o de una ciudad, y los representantes del sector ya han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una jugada que terminará haciéndolos sucumbir ante el poderío económico de las telefónicas.

Es que el proyecto del Ejecutivo fue pensado con el objetivo de perjudicar a Fibertel o a Cablevisión, obligándolas a ceder sus redes a los nuevos operadores interesados en participar, entre ellas las empresas de telefonía.

Sin embargo, el camino es de ida y vuelta, y las reuniones de comisión en las que se viene discutiendo el proyecto en el Senado mostraron la otra cara de la moneda: las cooperativas locales también estarán obligadas a ceder el uso de su infraestructura. Con la diferencia de que no tendrán la capacidad económica para competir con los "combos" de servicios que podrían ofrecer, a bajo precio, los gigantes del sector telefónico.

El primero en advertir esto fue el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto (Río Negro), quien pidió que se estableciera algún tipo de cláusula que convierta la apertura de redes en un proceso gradual que les permita a las pequeñas operadoras de cable del interior adecuarse ante la nueva competencia que deberán enfrentar. Lo hizo ante el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuando ambos funcionarios presentaban el proyecto del Gobierno.

Pero las palabras de Pichetto no quedaron en soledad. En audiencias siguientes de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión sumaron sus voces la abogada Graciana Peñafort, ex funcionaria de la Afsca, y senadores como José Mayans (FPV-Formosa), vicepresidente de la bancada, y la aliada María Higonet (La Pampa).

Las advertencias del bloque conducido por Pichetto han calado tan profundo que esta semana una delegación oficialista se reunirá con funcionarios del Gobierno para tratar de encontrar una redacción que permita evitar un enojo de los cableros del interior que repercuta en la relación de estos con gobernadores e intendentes oficialistas.

El tiempo apremia, ya que la intención del oficialismo es emitir dictamen pasado mañana, ese día el Senado debatirá el Código Procesal, para poder llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de noviembre.

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