Señales de tranquilidad entre Kirchner y la Corte Suprema

El candidato no promoverá juicios para forzar renuncias
Adrián Ventura
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10 de mayo de 2003  

Néstor Kirchner, si se convierte en el próximo presidente de la Nación, no arremeterá contra la Corte. Sólo avalará el juicio político que le instruye la Cámara de Diputados a Carlos Fayt. Pero está dispuesto a tender un puente de plata a algún otro magistrado que quiera renunciar.

Los jueces, especialmente los más cercanos al menemismo -Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez- están inquietos.

Aprovechando esta circunstancia, así como el deseo del candidato y del presidente Eduardo Duhalde de que se cierre el capítulo de los juicios contra los militares, si es posible antes del traspaso del poder, ya se hicieron los primeros contactos.

Altos jefes militares, con conocimiento del jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, luego de conversar con algunos jueces le hicieron saber a Kirchner que la Corte está dispuesta a convalidar las leyes de punto final y de obediencia debida si, por su parte, el candidato les promete que no arremeterá contra el tribunal. Una propuesta aceptable.

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El candidato, en privado, cree que las dos leyes que frenaron el avance de los juicios contra los militares son inconstitucionales y deben ser declaradas nulas. Pero "si asume la función pública está dispuesto a no agitar las aguas si la Corte convalida el punto final", dijo la aludida fuente, que conoce a fondo los temas judiciales. En el mismo sentido, el ocupante de un despacho muy cercano al de Duhalde confirmó que el alto tribunal ya dio algunas señales en este sentido.

Algunos de los juicios contra los militares ya llevan veinte años, tantos como la vigencia de la democracia. A raíz de la sanción de aquellas normas de amnistía durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín, los juicios parecían encaminarse a una vía muerta, pero algunos tribunales federales comenzaron a reflotarlos.

Según Rafael Bielsa, eventual ministro de Justicia de Kirchner, si la Corte declarase inválidas las dos leyes -algo que no ocurrirá-, "podrían ser llevados a declarar ante la Justicia más de 1800 militares de alto rango, de los cuales 300 están en actividad". En el Ejército sostienen que, indirectamente, podrían ser citados como testigos, además, otros 5000 hombres de armas.

Más allá de que el teniente general (R) Martín Balza haya anteayer minimizado el impacto de un fallo de la Corte adverso a los militares, esto provocaría un desfile incesante de oficiales en los tribunales de todo el país.

Kirchner no quiere ese escenario. Y calcula que si la Corte clausura los juicios contra los militares, no será él sino el tribunal el que asuma el costo frente a la opinión pública.

Por su parte, ninguna contrariedad ideológica les provoca a los jueces dictar semejante fallo.

El borrador ya está redactado: señala que los tratados de derechos humanos no pueden aplicarse retroactivamente, para juzgar hechos ocurridos antes de su firma, en los años setenta. Además, tres de los jueces (Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio) ya se habían pronunciado en favor de la validez de las normas en 1987, en las causas Camps y Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Y si bien algunos dudan de si no corresponde que antes de la Corte se expida la Cámara de Casación Penal, la mayoría está de acuerdo en respaldar las mencionadas leyes.

Por ahora, Juan Carlos Maqueda no intervino en el expediente, pero lo cierto es que ni uno solo de los jueces quiere reabrir la causa.

A pesar de que el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, salió a desmentir ayer supuestas gestiones ante la Corte para que ratifique la constitucionalidad de las leyes citadas, es probable que el tribunal dicte el fallo el 20 del actual, es decir, dos días después de la elección y cinco antes del traspaso del poder.

Una alta fuente del organismo judicial confió a LA NACION que "hace unos días los jueces hablaron de esa fecha con sus colegas, aunque no es seguro. Sólo falta un guiño del Gobierno". Así, este controvertido asunto no enturbiaría la gestión del nuevo mandatario.

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Este es uno de los asuntos que forman parte de una cuestión mayor. ¿Quiénes se van de la Corte?

Kirchner tiene, frente a sí, varios problemas graves como para lanzar contra el tribunal una embestida que no pudo sostener, ni siquiera, Duhalde. Además, ahora podría hacerse cargo del gobierno, una responsabilidad que no tenía cuando, el año último, alentaba ante la Comisión de Juicio Político la remoción masiva de los jueces. Sabe que el tiempo le juega en favor:

  • Está abierto un juicio contra Fayt. Salvo el esfuerzo que por él pueda hacer el menemismo en la Cámara baja, el juez no tiene demasiados defensores ni siquiera dentro del tribunal. Si bien Fayt asegura que no renunciará, muchos creen que ésta será su mejor opción si el plenario lo acusa ante el Senado.
  • López, uno de los pilares de la que fue la mayoría menemista en la Corte, está enfermo y se duda de que vaya a regresar al tribunal. Corren versiones de que podría jubilarse.
  • Por su parte, Nazareno, presidente de la Corte, tiene desde hace más de un año a toda su familia viviendo en los Estados Unidos y no pasa un día en que no piense en renunciar. Kirchner sabe que no necesita apurar vacantes que, antes o después, se producirán.
  • Cuando eso ocurra, Kirchner deberá decidir si cubre los cargos con hombres de su propia constelación -Esteban Righi, ministro del Interior de Héctor J. Cámpora; el ex camarista del tribunal oral Eduardo Luis Duhalde, y los conocidos juristas Bielsa y Raúl Zaffaroni- o si busca hombres de otros sectores.

    Algo es casi seguro: "Kirchner no aprovechará las renuncias para reducir la Corte de nueve a siete miembros. Completará las vacantes", aseguró uno de sus hombres.

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