Será difícil revertir el fallo, creen en Washington

Silvia Pisani
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27 de octubre de 2012  

Washington.– Un golpe muy serio sufrió la estrategia legal y política que el gobierno de Cristina Kirchner ejerce en esta ciudad frente al reclamo de los tenedores de deuda en default, que el Gobierno llama "los fondos buitre". Para algunos, incluso, lo sucedido es un golpe casi "mortal", de difícil reversión. Pero eso habrá que verlo.

Esas fueron las primeras impresiones tras conocerse la decisión de un tribunal de apelaciones de ratificar un fallo del juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar intereses por igual a sus acreedores. "Esto de que hay bonistas malos y bonistas buenos se ha terminado", sentenció a LA NACION Arturo Porzekanski, de la Universidad de Nueva York.

Desde Buenos Aires, el gobierno argentino deslizó la intención de apelar la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La impresión aquí es que difícilmente tenga mejor suerte en ese tribunal. Fuentes locales mencionaron que "los antecedentes no están a favor de la Argentina" en esa instancia. Aun así, un recurso de tramitar la apelación ante la Corte permitiría ganar tiempo y estirar el problema unos meses más. Lo otro que puede aliviar el mal trago es de naturaleza técnica: que los acreedores y el juez no alcancen a diseñar un mecanismo de pago de los US$ 1333 millones que se reclaman.

Pero más allá de todo, el temor de fondo que latía ayer era que, contra las cuerdas, el Gobierno decidiera no sólo no pagar intereses a los fondos buitre sino a ningún acreedor. Esa desconfianza estuvo ayer detrás del derrumbe de títulos públicos.

En el terreno político, no parecía haber espacio para negociar. La justicia en este país goza de independencia, como lo demostró el hecho de que el fallo de ayer contraviniera opiniones previas del gobierno de Barack Obama, en el sentido de que una medida de ese tipo podría alterar negociaciones de deuda en medio de la incertidumbre financiera mundial.

En el fallo no se vieron lazos con lo que era el país en 2001, cuando produjo el mayor default de la historia, ni tampoco con la crisis de deuda europea. La percepción creciente aquí es que la Argentina es un país que puede pagar, pero que no lo hace.

La decisión se produce en un mal momento. En seis semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá decidir si sanciona o no al país por su resistencia a dotar de mayor veracidad a su índice de inflación. El fallo del tribunal no tiene que ver con el Fondo. Pero habla también de un país que, a criterio de los jueces, no cumple con lo que promete.

Será interesante ver si algo de eso resuena en la decisión que adopte el organismo.

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