Servini de Cubría frenó el registro de alianzas para elegir consejeros

La jueza María Servini de Cubría rechazó avanzar con el trámite que habían iniciado el Frente para la Victoria y la oposición para designar a los candidatos a una eventual elección popular para integrar el Consejo de la Magistratura.

La resolución frena por ahora los planteos de alianzas para las elecciones de agosto próximo que habían propuesto el Frente para la Victoria y el Frente por la Justicia, que fue la denominación bajo la cual se aglutinó la mayor parte de la oposición; está integrado por el Partido Socialista, Pro, Unión Celeste y Blanco, UCR, Libres del Sur, GEN, Unión por Todos, Partido Poder para el Espacio Social (Podes) y el partido Unión Popular de Mendoza. También las presentaciones que hicieron el Frente de Izquierda y el MST-Nueva Izquierda, nucleados en el Frente del Pueblo.

El martes pasado, la jueza Servini de Cubría resolvió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la nueva ley para el Consejo de la Magistratura, en donde se amplia el número de integrantes del cuerpo y se dispone que jueces, abogados y académicos sean elegidos en comicios nacionales. Es el primer fallo sobre la cuestión de fondo relacionada con la elección popular de consejeros.

Pero el Gobierno apeló y ahora la decisión final está en manos de la Corte Suprema, que ayer aceptó analizar la cuestión por la vía del per saltum y resolverla de manera urgente.

La apelación del Gobierno y la aceptación del recurso por parte de la Corte suspende el fallo de Servini de Cubría, pero más allá del análisis del "fondo de la cuestión" en el máximo tribunal, la jueza consideró que a la fecha está vigente una medida cautelar que suspendió ese proceso electoral.

Para ello, se basó en la resolución de la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland, impulsada por la agrupación Será Justicia.

Entonces, la jueza entendió que debía quedar frenado también el trámite de reconocimiento para que cada partido obtenga la personería que le permita participar en los próximos comicios del 11 de agosto, en el rubro específico de la selección de candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura.

En cuatro fallos, Servini respondió al pedido de reconocimiento de la denominada alianza Frente para la Victoria, Frente por la Justicia, Frente de Izquierda y MST-Nueva Izquierda por un Frente del Pueblo.

"Considerando lo dispuesto en las medidas cautelares citadas que suspendieron el referido proceso electoral, corresponde suspender el trámite de reconocimiento de la alianza electoral transitoria constituida al único efecto de participar en los comicios de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que así habrá de declararse", señaló la jueza.

Servini de Cubría había argumentado que "el solo hecho de pensar en jueces cuyos nombres figuren en boletas electorales encabezadas con el nombre de un partido político les quita a esos magistrados todo atisbo de independencia o imparcialidad, permitiendo abrigar fundadas sospechas en relación con su futura actuación en los posibles casos en que esa entidad política o sus integrantes pudieran tener intereses".

Además, sostuvo que la reforma judicial vulnera el "equilibrio" que exige la Constitución entre los diferentes estamentos porque incrementa en forma desproporcionada el número de académicos, de uno a seis.

"Si sumamos a ello la circunstancia de que los integrantes de dicho estamento pasarán a ser elegidos mediante el voto popular, en listas de candidatos propuestas por los partidos políticos, la desnaturalización del cuerpo se acentúa no sólo por la variación del número de miembros [...], sino por el origen político partidario de los mismos", sostuvo.

De convalidarse esa desproporción -añadió-, "el Consejo podría sufrir influencias indeseables".

La jueza cuestionó uno de los mayores argumentos del Gobierno: su idea de acabar con "la corporativización" de la Justicia. "Cabe destacar -afirmó Servini- que no se ha podido explicar en qué consiste ese fenómeno, qué efectos produciría y cómo afectaría la independencia de los jueces, no mencionándose ni siquiera un caso concreto que pueda ser prueba de la existencia de dicho extremo."

Por otro lado, su colega Heiland advirtió que la Convención Constituyente de 1994 al introducir la figura del Consejo de la Magistratura buscó reducir la intervención política en la elección de los jueces, de modo que el sistema judicial sea gobernado con pluralismo, "sin transferir a quienes tienen la representación popular la totalidad de los poderes" del sistema judicial.

Además de Heiland, una veintena de jueces dictaron medidas cautelares que suspenden la elección popular de consejeros de la Magistratura al resolver en amparos que cuestionaban la constitucionalidad de las leyes impulsadas por el Gobierno.