Silvina Martínez: "Las denuncias complicadas eran frenadas en la IGJ"

Hasta ahora sólo había indicios y denuncias desde el anonimato. Desde hace unos dos años se reiteraban las versiones que decían que la Inspección General de Justicia (IGJ) se había convertido en un organismo politizado , que manejaba de manera arbitraria la información sobre miles de sociedades comerciales. Pero ahora, por primera vez, alguien le pone nombre y apellido y detalles a lo que muchos decían y dicen sólo off the record.

"Está manejada por el miedo. Las denuncias consideradas complicadas eran frenadas", afirma Silvina Alejandra Martínez, quien hasta mediados del año pasado fue directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y fue despedida. Agrega que el organismo niega o retrasa las respuestas a jueces, fiscales, legisladores nacionales y periodistas, pese a que debería ser un registro público de comercio.

Martínez se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para ella, podían configurar delitos. Le redujeron el salario y luego la echaron. Por eso presentó un amparo en la Justicia.

Las irregularidades en la IGJ abarcan un amplio abanico, según reconstruyó LA NACION el último año. ¿Por qué? Para proteger, entre otros, al vicepresidente Amado Boudou, a Sergio Schoklender y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. O acotar la información disponible sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.

En su amparo, Martínez expuso que alertó, por escrito, al ministro de Justicia, Julio Alak, y al subsecretario Ernesto Kreplak, sobre lo que vivió en la IGJ. También, al entonces titular del organismo, Norberto Berner. Les advirtió que el número dos de la IGJ, Gustavo Varela, detentó ese cargo y dio órdenes sin jamás haber obtenido su nombramiento formal. Muchas de esas polémicas órdenes de Varela fueron por escrito, que la ex funcionaria certificó mediante una escribana. "Cuando le denuncié esto a Berner, me descontó el salario. Y cuando se lo comuniqué por escrito a Alak, el 19 de octubre de 2012, nadie nunca me contestó. Me echaron", contó, en una entrevista con LA NACION.

-En su amparo usted alude a otros posibles delitos por el manejo de la información en el organismo. ¿Qué quiso decir?

-Abarca distintos temas. Yo tenía a mi cargo el área de los oficios judiciales, es decir, todos los oficios que mandaban los jueces y fiscales a la IGJ, y que debíamos responder, por lo que quedaba dentro de mi órbita el control y seguimiento de esas respuestas. Pero, a partir de la llegada de Varela, comenzó a ser bastante problemático el trámite interno. Las denuncias que se consideraban de alguna manera "complicadas", porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por Varela y por quienes trabajan con él.

-¿Recuerda algún ejemplo?

-Sí, particularmente todo lo que tenía que ver con el caso Ciccone.

-¿Cómo? ¿La Justicia pidió datos??

-[Interrumpe] Y los oficios de respuesta no salían. O nosotros ya teníamos listas las respuestas desde mucho tiempo antes del momento en que se los envió a la Justicia.

-¿Por una orden de Varela?

-Sí, y él decía que era una orden que le daban desde el ministerio.

-Usted alude a los oficios judiciales. Pero también hubo pedidos de informes presentados por legisladores, como Ricardo Gil Lavedra, LA NACION y otros medios. ¿Qué hicieron ante esos pedidos?

-También quedaron incluidos en el mismo filtro que las denuncias. Varela pedía todos los oficios y pedidos de informes que tuvieran relación con alguno de los casos que él estaba siguiendo de cerca bajo órdenes del ministerio.

-¿De quién, en particular, en el ministerio?

-Del superior jerárquico de la IGJ, que es el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak, que ordenó que el pedido de Gil Lavedra se mandara a la Dirección de Protección de Datos Personales, también dentro de la órbita del ministerio, que elaboró un dictamen sin jugarse demasiado. Desde mi área determinamos que la información se debía entregar al legislador. Pero después el pedido fue al inspector general, [Marcelo] Mamberti, que no le contestó, y luego Berner directamente sacó las circulares para restringir el acceso a la información.

-¿Y el pedido de la diputada Margarita Stolbizer? Ella reclama que tampoco se respondió su consulta a la Jefatura de Gabinete sobre lo ocurrido dentro de la IGJ, por ejemplo, por los expedientes del caso Ciccone.

-Nunca le respondieron. Ésa es la política.

-¿Qué podía ocurrir si usted se negaba a acatar sus órdenes y contestaba esos oficios y pedidos?

-Hubiera pasado lo que terminó pasando. Me echaron.

-Mientras la IGJ negaba información y demoraba sus respuestas a la Justicia, ¿sí le entregó a La Cámpora los legajos de las 1000 empresas más grandes que operan en la Argentina, como publicó LA NACION?

-Sí. Supe que gente del Ministerio de Economía hizo un listado de pedidos, no por los canales oficiales, sobre esas 1000 empresas.

-¿Quién era el enlace del Ministerio de Economía en la IGJ?

-Varela. Pero por canales extraoficiales, cuando tranquilamente podían solicitar esa información de manera oficial y obtenerla.

-No querrían dejar rastro de ese pedido...

-Evidentemente.

-Durante la gestión de Mamberti en la IGJ ocurrió la desaparición o robo de los legajos vinculados al caso Ciccone. Los de The Old Fund, London Supply y la propia Ciccone. ¿Qué pasó?

-No me consta porque yo no estaba a cargo de ese sector o del cuidado de esos expedientes. Versiones hay muchísimas. Pero sólo hablo de lo que me consta y sé.

-Poco después de que LA NACION revelara esa desaparición, Mamberti se marchó y asumió Berner, quien emitió las circulares 1 y 4 para exigir que el interesado demuestre un "interés legítimo" para acceder a la información que solicita sobre una sociedad. ¿Qué significaron?

-[Suspira] En estos momentos, en la IGJ trabajan más de 450 personas, de las que se pueden rescatar 400 que no tienen nada que ver con estos manejos políticos o arbitrarios o injustos.

-¿Hoy la IGJ es un organismo politizado, arbitrario o injusto?

-Sí, totalmente. Es un organismo manejado por el miedo, donde no se toma en cuenta la carrera administrativa o la capacidad. Le doy un ejemplo: en julio de 2011, Analía Spatola ingresó al organismo enviada desde el ministerio por Kreplak para que se capacitara porque no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre el derecho societario. Durante tres meses trabajó dentro de mi órbita y yo la capacité explicándole desde cero qué era una sociedad comercial y qué hacíamos en la IGJ. A los tres meses y un día se presentó en la oficina, pero para auditarnos. Quienes hasta el día anterior estaban aprendiendo qué era una sociedad pasaron a revisarnos. Hoy, Spatola es la número dos de la IGJ, en reemplazo de Varela.

-¿A usted alguna vez se le abrió un sumario administrativo o recibió una sanción?

-No, nunca.

-Pero en su amparo dice que cuando empezó a objetar lo que ocurría comenzó a tener problemas. ¿Incluso le redujeron su salario mientras estaba de licencia médica?

-Exacto. La situación se tornó insostenible entre mayo y junio de 2012, a tal punto que ya veía pasar los oficios directos hacia Berner y Varela y no podía siquiera controlarlos, pese a mi responsabilidad directa ante los jueces. ¿Qué les iba a decir? "¿No te puedo responder porque Varela está sentado arriba de los oficios?" ¡Obvio que no! Entonces, pedí una licencia médica durante una semana y me desmantelaron la oficina.

-¿Qué significa "desmantelaron"?

-Que mandaron a otras áreas de la IGJ a mi gente y a mis asesores, y hasta me quitaron el escritorio, que Berner lo pidió para él. Le gustaba más mi escritorio que el suyo.

-¿Cuándo concluyó su labor?

-Según el decreto que salió la semana pasada, el 31 de octubre. Pero el ministerio pagó los aportes hasta diciembre.

-¿O sea que usted cobró su salario dos meses más?

-No, yo no. No sé si alguien lo habrá hecho.