Sospechas de fraude que alcanzan a la Justicia

Joaquín Morales Solá
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29 de julio de 2015  

Los comicios inminentes tomaron el peor cariz de cualquier elección: las sospechas de que podría perpetrarse el fraude. Un juez electoral y kirchnerista, el bonaerense Laureano Durán, tomó una decisión extraña y sospechosa, que consistía en reducir a 25 el número de boletas por cada partido en cada urna. En una decisión fulminante, la Cámara Electoral Nacional revocó ayer la resolución del juez, recientemente nombrado con la camada de jueces subrogantes cercanos al oficialismo. El mismo día, la jueza electoral nacional, María Servini de Cubría, la magistrada con más experiencia en controles de elecciones, autorizó a los partidos a trasladar fiscales de un distrito a otro. Resulta obvio señalar que la sospecha de fraude ya no abarca sólo a la política, sino también, y sobre todo, a la Justicia.

La Cámara Nacional Electoral hizo al mismo tiempo una exhortación, casi una súplica, para que los partidos políticos dispongan de fiscales en cada mesa en las dos (eventualmente, tres) elecciones presidenciales por venir. El tribunal no necesitó explicitar, desde ya, su suspicacia con respecto a lo que podría pasar en las mesas en las que algunos partidos carecieran de fiscales. La jueza Servini de Cubría argumentó que las elecciones presidenciales convierten al país en un distrito único y que, por lo tanto, no importa de dónde provienen los fiscales. La magistrada estaba resolviendo un planteo muy específico: la oposición le había pedido trasladar fiscales de la Capital a la provincia de Buenos Aires, donde habitan el mayor conglomerado de votantes y las peores mañas electorales.

El problema en la provincia de Buenos Aires es que el oficialismo es el único partido que tiene asegurado el control y las trampas de las elecciones. De hecho, en las últimas elecciones legislativas, en 2013, el Frente para la Victoria y el massista Frente Renovador fueron los únicos partidos que colocaron fiscales en todas las mesas de la provincia. La oposición no peronista (que el próximo 9 de agosto competirá con tres candidatos: Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió) podría estar más preocupada en cuidarse de ella misma que de controlar al peronismo.

Está de más subrayar los obstáculos que podrían tener Margarita Stolbizer o la izquierda tradicional para cubrir con fiscales todas las mesas de la provincia.

El primer problema que plantea ese contexto es el de la obsolescencia del sistema de votación argentino. El kirchnerismo asumió hace doce años despotricando contra un método que beneficiaba (y todavía beneficia) a los barones peronistas del conurbano y condena a la derrota anticipada a sus opositores. El ímpetu inicial del kirchnerismo fue tan grande que sólo tres meses después de que llegara al poder, el entonces ministro del Interior y actual candidato bonaerense y jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, prometió un sistema de boleta electrónica y exhibió en su despacho, incluso, tres posibles mecanismos. Pero pocos meses más tarde, Néstor Kirchner le hurtó a Eduardo Duhalde el liderazgo de los caciques del conurbano.

Nunca más se volvió a hablar de boleta electrónica o única. Los intendentes bonaerenses detestan cualquier cambio en el sistema que les permite exhibir un enorme poder electoral. Doce años es demasiado tiempo para que un sistema electoral no haya progresado absolutamente nada. Hasta Venezuela tiene un sistema más moderno que el argentino.

Método inhumano

La conclusión es que en las elecciones de dentro de diez días, en la provincia de Buenos Aires cada boleta partidaria medirá casi un metro. Es un método inhumano de votación. Un dirigente político opositor comentó ayer que el derecho electoral fue privatizado en la Argentina. La transparencia de las elecciones no es una obligación del Estado, sino de los partidos políticos, que tienen que nombrar fiscales en todas las mesas para garantizarse que no será estafados.

En las elecciones de 2009, en las que ganó Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que venía de gobernar siete años ese distrito, propuso tres círculos de fiscales en cada mesa para evitar el fraude. "Si hay un solo fiscal y se va al baño, te robarán 50 votos", les advirtió a sus entonces aliados Macri y De Narváez. La fórmula de Solá fue aceptada y de esa manera De Narváez les pudo ganar a Néstor Kirchner y a Daniel Scioli por menos de dos puntos de diferencia. Un dirigente duhaldista dijo ayer, a su vez, que el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires está preparado para robarle a la oposición entre 3 y 5 puntos.

El macrismo recurrió al voluntariado para suplir la carencia de estructura propia en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo tiene una buena estructura en el interior de la provincia, pero una no tan buena en el esquivo conurbano. La Coalición Cívica confía sólo en sus creyentes. A Elisa Carrió nunca le sacaron de la cabeza que en las elecciones presidenciales de 2007 (en las que salió segunda frente a Cristina Kirchner) le robaron no menos de un 10 por ciento de los votos. Ese trío de partidos es, precisamente, el que le pidió a la jueza Servini de Cubría poder trasladar fiscales de la Capital a la provincia de Buenos Aires. Los fiscales terminan siendo el elemento indispensable para la victoria o la derrota.

Con todo, el conurbano sería, según la certeza de los especialistas, un problema menor, a pesar de su gravedad, frente a lo que sucede en las provincias del Norte. El sistema muchas veces feudal que gobierna esos distritos, y las arbitrariedades políticas que se notan menos que en Buenos Aires, complican cada vez más las posibilidades de la oposición de controlar la limpieza de las elecciones. Hay una especial preocupación opositora por lo que podría suceder en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Desde la muerte del anterior juez electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco, la Justicia viene deslizando su preocupación por la manipulación de las elecciones, esta vez no por obra de barones o punteros, sino de los propios jueces. El kirchnerista juez Durán, un cercano amigo del ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó esa vieja sospecha. Hay, a todo esto, una vieja discusión sobre qué juez electoral es más importante en el país: si el de la provincia de Buenos Aires (Durán, en este caso) o la jueza electoral nacional, Servini de Cubría, porque ésta tiene responsabilidad directa sólo en la Capital Federal. Esa discusión no se ha zanjado, pero lo cierto es que Durán demostró que está dispuesto a beneficiar al oficialismo en el distrito donde vive el 37 por ciento del electorado nacional.

Durán es el emblema del proyecto cristinista en la Justicia. Ningún juez o fiscal es nombrado sólo por adhesiones ideológicas o políticas (lo que ya es detestable); también son designados para cumplir misiones muy concretas. Frenar las investigaciones sobre denuncias de corrupción o condicionarle a la oposición su suerte electoral.

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