Stolbizer pide al Gobierno y a la Justicia que avancen sobre Báez

Reclamó que se investiguen las complicidades que le permitieron amasar fortunas sin control en la última década; alertó que el empresario podría insolventarse
Hugo Alconada Mon
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13 de enero de 2016  

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

Así, afirmó Stolbizer, "la empresa va a despedir miles de trabajadores, adeuda millones al Banco Nación y el tendal de acreedores que deja su actuación se va a afrontar con sólo $ 500.000, gracias a la complicidad de la IGJ [mientras que] sus accionistas son millonarios por los negocios con el Estado" nacional.

En el caso del Nación, la legisladora requirió que se abra una "investigación de hechos y responsabilidades políticas, funcionales y administrativas sobre la utilización [de la entidad] para llevar adelante las maniobras". Y en la IGJ, que no sólo se investigue en sede administrativa qué pasó dentro del organismo, sino que se impulse su "saneamiento".

Stolbizer también decidió acudir hoy a Tribunales, aun cuando la mayoría de los jueces, fiscales y empleados se encuentra de vacaciones. "Se realiza [la presentación del escrito] durante la feria judicial", explicó, "atento la urgencia de los hechos denunciados y habiendo tomado conocimiento de diferentes maniobras que podrían constituir perjuicio para el Estado nacional o tornar ilusoria cualquier medida si se esperara al mes de febrero".

¿Qué maniobras verificó Stolbizer? Que Báez ya inició el procedimiento preventivo de crisis por Austral Construcciones, mientras que sus empleados realizan cortes de rutas en Santa Cruz ante los atrasos salariales. "Empresas pobres y empresarios ricos", resumió.

En el escrito que presentará ante Casanello, Stolbizer pide que la acepte como amicus curiae -es decir, "amiga del tribunal", una figura reglamentada por la Corte con una acordada-, para de ese modo colaborar con la investigación.

"Austral Construcciones es una empresa utilizada como un recurso para violar la ley y frustrar derechos de terceros", indica Stolbizer en ese escrito, ya que, según detalló con cifras y datos que obtuvo de la propia IGJ tras batallar en Tribunales durante años, esa constructora se encuentra "infracapitalizada".

En ese contexto, la legisladora también le reclamó a la Casa Rosada que tome la iniciativa y "se promueva una acción judicial de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la empresa Austral Construcciones, a fin de que sus millonarios accionistas se hagan cargo de los pasivos de la empresa, tanto respecto del Estado como acreedor como de los trabajadores y otros".

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