Derechos humanos: ratifican el principio de territorialidad. Suárez Mason: rechazan la extradición
El Gobierno negó, además, el pedido del juez español Garzón, que pretendía juzgar a 18 argentinos
El gobierno argentino rechazó el pedido de extradición del ex general Guillermo Suárez Mason, solicitado por un tribunal de Nuremberg por la desaparición de Elisabeth Kasserman, una ciudadana alemana que estudiaba Ciencias Económicas.
Lo mismo hizo con la solicitud del juez español Baltasar Garzón, que pretendía juzgar al ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y a otros 17 militares y policías por genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura.
Así, la administración delarruista ratificó una vez más el principio de territorialidad, que impide a tribunales extranjeros juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura argentina. El mismo criterio había adoptado el gobierno menemista.
Las dos resoluciones fueron firmadas el viernes último, como canciller, por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, debido a que el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, acompañó al presidente Fernando de la Rúa en la gira por Alemania y Portugal, informaron fuentes oficiales.
Jaunarena también era ministro de Defensa cuando, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987, se sancionaron las leyes de punto final y de obediencia debida, que permitieron que 1100 represores no fueran juzgados ni castigados por su actuación durante la dictadura.
Juzgado e indultado
Sobre el pedido que cursó Alemania para poder juzgar a Suárez Mason, la resolución de Jaunarena precisó que "los hechos por los cuales es requerido ahora el ex militar fueron investigados en la causa N° 450", tramitada por la Cámara Federal, que fue la que condenó en primer término a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
El ministro subrayó que el 6 de mayo de 1988, el gobierno de los Estados Unidos concedió la extradición de Suárez Mason a nuestro país por el homicidio agravado, entre otros hechos, de Kasserman.
Sin embargo, según recordó la Sala II de la Cámara Federal en el fallo del 9 del actual, en el que dictó la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes exculpatorias de punto final y de obediencia debida, Suárez Mason estaba detenido y cumplía prisión preventiva cuando el 6 de octubre de 1989 fue indultado por el ex presidente Carlos Menem.
Detenidos y excarcelados
En la respuesta al pedido de Garzón, el Gobierno destacó "el principio de territorialidad, es decir, que todo hecho acaecido en nuestro país es competencia de los tribunales argentinos, conforme lo dispone el artículo 1° del Código Penal".
Y agregó que "en algunos casos, los implicados fueron condenados, en otros no se pudo continuar con la persecución penal por imperio de las normas dictadas por las autoridades constitucionales de la República, y en otros no fueron juzgados".
Por el pedido que Garzón cursó el 21 de agosto último, el ex juez federal y ahora camarista Gabriel Cavallo había ordenado la detención de Brusa y de los otros 17 acusados por el juez español, que luego fueron excarcelados.
Los acusados por Garzón, que según fuentes judiciales ahora serán investigados por la justicia argentina, son María Eva Aevis, Miguel Angel Benazzi Berisso, Roberto Carnot, Héctor Colombini, Hugo Damario, Mario Fasino, Roberto González, Jorge Magnacco, Salvio Olegario Menéndez, Juan Perizzotti, Fernando Peyón, Juan Carlos Rádice, Eduardo Ramos, Francisco Rioja, Gonzalo Sánchez, Raúl Scheller y José Antonio Suppicich.
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