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SUBE: pese a la millonaria diferencia, Transporte asegura que contrató la "oferta más conveniente"

La secretaría a cargo de Alejandro Ramos acusó a LA NACION de "confundir y engañar" con su investigación; no aclaró los vínculos familiares y profesionales de los funcionarios con los consultores a cargo de controlar el boleto electrónico
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21 de mayo de 2012  • 18:14

Pese a los $10 millones de diferencia entre las propuestas más competitivas para controlar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), la Secretaría de Transporte ratificó hoy que el Estado "contrató la oferta más conveniente" para auditar el nuevo sistema.

La secretaría, a cargo de Alejandro Ramos, acusó a LA NACION de "recortar la realidad para confundir y engañar" en su investigación sobre las presuntas irregularidades en la auditoría del SUBE. "Es evidente que el diario no cuenta la verdad de ese proceso, sino que recorta la realidad para ensuciar una herramienta que fue aceptada y elogiada por millones de argentinos", aseguraron.

Mediante un comunicado, desde Transporte sostuvieron que "cuando se inicia un proceso licitatorio no es condición elegir necesariamente la oferta más económica, si fuese de ese modo, se trataría de un concurso de precios y no de una licitación pública".

Este medio reveló que el control del SUBE quedó en manos de viejos conocidos. La supervisión del boleto electrónico le cuesta al Estado casi $10 millones más como consecuencia de un sospechoso proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex funcionarios y ex asesores de la Secretaría de Transporte.

En la licitación, la dependencia, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi, no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta un 25% más barata por el trabajo. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

"Es una absoluta falacia decir que la Secretaría de Transporte eligió la oferta más cara, ya que por sobre el grupo ganador, existió una oferta del grupo Delloite de más de 17 millones de pesos, que el periodista de LA NACION oculta para darle sentido a una nota que carece de veracidad", acusa el comunicado.

Este medio no informó sobre las demás ofertas presentadas y se centró en las dos más competitivas. Por tal motivo, comparó la propuesta ganadora del consorcio compuesto por Global Infrastructure SA (GI), Iatasa, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV) y González Fischer y Asociados (GFA) con la segunda más competitiva del consorcio PWC SA y Barimont SA.

Deloitte, la tercera consultora que menciona el comunicado de Transporte, obtuvo la peor calificación técnica y realizó la peor propuesta económica. Por ese motivo, LA NACION no lo tuvo en cuenta a la hora de comparar.

El comunicado olvidó de mencionar los vínculos familiares y de trabajo que reveló este medio. IRV, una de las firmas integrantes del consorcio ganador, mantiene estrechos vínculos con funcionarios. Horacio Blot, director de la empresa, es el marido de María Cristina Irusta, secretaria de Nora Turco, actual directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte. Cinco fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que Irusta es, desde hace años, la mano derecha de Turco.

Guillermo Yampolsky, presidente de IRV, también es un hombre conocido dentro de Transporte: entre 1997 y 2006 fue asesor. En sus últimos tres años, Yampolsky trabajó en Proyecto Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), la oficina de la secretaría que ejecuta los préstamos del Banco Mundial (BM) para movilidad. Cuatro años después, esa dependencia tuvo a cargo la licitación para auditar el SUBE, contrato que ganó IRV.

Pablo Vainberg, vicepresidente de IRV, también trabajó en Ptuba. Se dedicó durante tres años a analizar las condiciones para la aprobación del préstamo del BM con el que se financió la supervisión del SUBE que ganó IRV. Y fue contratado como "coordinador de campo" en la auditoría con un sueldo de $ 1.704.000 por 48 meses.

Según las normas del BM, no se puede contratar a consultores que tengan una relación cercana de trabajo o de familia con algún funcionario o empleado del que recibe el préstamo, en este caso la Secretaría de Transporte. Desde el banco aclararon que se aprobó la licitación porque no se pudieron "identificar" las relaciones.

La calificación que el comité de evaluación realizó sobre el plantel profesional fue clave porque inclinó la balanza. El tribunal, compuesto por Turco, un técnico a su cargo y la representante legal del Ptuba determinaron que IRV era la mejor opción para controlar el SUBE.

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