Suben el gasto público en $40.000 millones y reasignan partidas
Una de cal, otra de arena. El tránsito hacia el equilibrio de las cuentas públicas, una obsesión del Gobierno en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , muestra que, como en el juego de la oca, hay avances, pero también retrocesos. Mientras, por un lado, se recortan y se subejecutan partidas presupuestarias (incluso de educación, salud y atención social), por otro, se aumenta el presupuesto de otras áreas que ya estaban en rojo.
El Gobierno emitió ayer la decisión administrativa 1605/2018, en la que aumentó en $40.527,7 millones el gasto del actual presupuesto; de ese monto, la mitad se cubre con ingresos propios y ahorros presupuestarios ($22.460,3 millones) y la otra mitad con mayor deuda. Así, el déficit primario se eleva en $18.087 millones.
Pero lo interesante es dimensionar la magnitud de este aumento. Comparados con el gasto total del presupuesto, los casi $20.000 millones de suba neta representan apenas el 0,6 por ciento. Pero si se compara ese monto con lo que el Gobierno prevé recaudar con el aumento de las retenciones a las exportaciones de aquí a fin de año ($68.000 millones), representa casi un tercio.
En este contexto de recorte generalizado y de aumento de impuestos, ¿cómo se justifica este último aumento del gasto? En una semana signada por las negociaciones que mantendrán el Gobierno y las provincias por el ajuste que deberá contener el presupuesto 2019, cada peso que la Nación gasta de más será mirado con lupa.
Según se desprende de las 169 planillas que componen la decisión administrativa 1605, hay de todo, como en botica. Buena parte del aumento presupuestario servirá para reforzar programas de asistencia social (por caso se destinarán $2715,5 millones extras para financiar el programa de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas). Pero otra buena tajada ($10.000 millones) se la llevará la suba en los subsidios a la energía eléctrica; es el costo que asume el Gobierno por amortiguar el impacto de la suba de las tarifas.
En materia de subsidios, otros $5818 millones se destinarán al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.
De acuerdo con el informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la mayor parte de la suba (unos $37.000 millones) se destina a gastos corrientes; el resto (poco más de $3000 millones), a gastos de capital. De los gastos corrientes, hay algunos datos llamativos. Por caso, se aumentan las transferencias a las empresas públicas casi $16.000 millones, compensados parcialmente con una disminución de crédito para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (-$1191,0 millones).
Asimismo, en plena negociación con los gobernadores, se refuerzan las transferencias a provincias para financiar gastos de capital por $1590 millones. Al mismo tiempo, y cuando aún no se acalla del todo el conflicto universitario, el Gobierno decidió disminuir las transferencias corrientes a las casas de altos estudios nacionales en $1638,7 millones.
Reducción en la niñez
Otra dato llamativo es que se reduce en $129,1 millones el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para financiar el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. El contraste se observa cuando, al mismo tiempo, se refuerzan las partidas en $1287millones de la Cancillería para pagar cuotas y contribuciones a organismos internacionales.
También se aumentó el presupuesto del Poder Judicial en $750 millones; buena parte de esa suba financiará gastos en personal de la Corte Suprema . Además se subieron, aunque en menor medida, los presupuestos del Ministerio de Hacienda ($14,4 millones), Ministerio de Producción ($4,5 millones) y el Poder Legislativo Nacional ($2 millones).
Este subibaja en el gasto presupuestario no es nuevo; a lo largo de estos ocho meses del año el Gobierno aumentó distintas partidas (sobre todo para atender el aumento de jubilaciones y salarios) y recortó otras, pese a la inflación. No solo eso: al mismo tiempo subejecuta diversos programas, aun aquellos que tienen que ver con el gasto social.
Esto se observa claramente en el área de educación. El programa Fortalecimiento Edilicio de los Jardines de Infantes, que cristaliza una de las promesas de campaña de Mauricio Macri cuando anunció la construcción de 3000 jardines nuevos, sufrió no solo una poda en su presupuesto (de $6063 millones pasó a $5900 millones), sino que está ejecutado, a esta altura del año, solo en un 23%. El promedio de ejecución del presupuesto es del 65 por ciento. Más drástica fue la poda en el plan Progresar; de $9894 millones pasó a solo $768 millones. Como es de esperar, esta partida ya está casi totalmente ejecutada.
Los recortes más fuertes se observan, fundamentalmente, en la obra pública y en algunas transferencias económicas (subsidios). También, en algunos gastos administrativos. No así en el gasto de personal del Estado, que se mantiene sin cambios.