Subsidios al cine: detectan graves irregularidades en la gestión del Incaa entre 2008 y 2012

Con la firma de su nuevo presidente, el kirchnerista Ricardo Echegaray, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un lapidario informe sobre la gestión 2008-2012 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en su función de administrador del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC). El período analizado se corresponde con los años en los que presidió el Incaa la actual diputada nacional Liliana Mazure (Frente para la Victoria), que tiene varias denuncias judiciales por presunto desvío de recursos de ese fondo a otros destinos.

El informe de la AGN tiene 103 páginas -está disponible en la web del organismo- y señala múltiples incumplimientos de la ley del cine y sus reglamentos, y de la ley de medios audiovisuales, y deja severas conclusiones sobre el uso de las cuentas del Banco Nación utilizadas para la recaudación y el pago de subsidios y créditos. Además, advierte que el ex Comfer y su sucesora la Afsca, y la AFIP no realizaron los controles legales exigidos, lo que "impide validar la integridad" del FFC, según la expresión técnica. En otras palabras, porque no se hicieron aquellos controles no se puede ahora saber si el dinero recaudado se usó para los fines previstos y si -como fue denunciado por la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI)- se desviaron en el camino.

Para la AGN es imposible certificar cuánto dinero le transfirió la ex Afsca al Incaa en el período auditado. Durante esos años, el Comfer y la Afsca fueron presididos por Gabriel Mariotto, Santiago Aragón y Martín Sabbatella. Paradójicamente, en la mayor parte del período auditado, la AFIP fue encabezada por Echegaray, ahora presidente de la AGN, órgano de control externo del Estado nacional (presidido hasta el cambio de gobierno por el radical Leandro Despouy). Pero además, después de la sanción de la ley de medios (que reemplazó al decreto-ley 22.285), la recaudación del porcentaje previsto en el canon que paga la televisión -una de las fuentes de ingresos para el FFC- comenzó "a aplicarse a partir del 24/01/11, lo que conlleva menores recursos por un lapso mayor a un año", según sostiene el documento. ¿Esos recursos quedaron en la Afsca o directamente los canales de televisión no los pagaron? La AGN no se hizo esas preguntas.

Además, la AGN concluyó que "el sistema de registración de créditos y de información entre áreas evidencia debilidades que repercuten en el recupero final de los mismos" y también determinó que "la existencia de créditos de antigua data denota un inadecuado control de la cartera y de la gestión de recupero" y que "los importes expuestos como pendientes de cancelación por subsidios no se encuentran determinados con un criterio uniforme".

En el período analizado, Mazure administró recursos por $ 1599 millones (a valores nominales, es decir sin descontar inflación). El informe de la AGN cita el presupuesto final para cada año informado por el Incaa: 2008, $155,8 millones; 2009, $216,2 millones; 2010, $ 300,8 millones; 2011, $ 367,5 millones y 2012, $ 558,7 millones. El FFC se integra principalmente con lo recaudado por el impuesto del 10% que los espectadores pagan sobre el precio básico de la entrada al cine; el 10% de impuesto aplicable a la venta o alquiler de videos; y el 40% del total de sumas efectivamente percibidas por el Comfer y la Afsca en concepto de gravámenes a la televisión.

Al ser electa como diputada nacional en 2013, Mazure dejó la presidencia del Incaa en manos de una de sus principales colaboradoras, Lucrecia Cardoso. Tras asumir la presidencia de la Nación, Mauricio Macri designó en ese cargo al productor Alejandro Cacetta.

El Incaa tiene una lamentable historia de desmanejos que excede largamente al último gobierno. Todos los presidentes del organismo terminaron con causas judiciales por este motivo y una leyenda dice que el único que podría haber salido indemne, José Miguel Onaindia, tampoco lo logró del todo porque se autodenunció en 2002 cuando públicamente fue acusado por sus sucesores (el caso de Onaindia fue también único porque más allá de su propia autodenuncia, ninguna otra persona o entidad del sector lo acusó en los tribunales, y porque en cada recambio su nombre vuelve a sonar para presidir el organismo).

En 2014 y 2015, LA NACIÓN publicó una serie de notas sobre la denuncia del desvío de recursos del FCC (que incluyó el descargo de Mazure), el trato preferencial que recibió el documental sobre Néstor Kirchner , los amigos y dirigentes kirchneristas más beneficiados, y sobre otros fraudes, listas negras y denuncias que se acumulan en los tribunales, y que según una aparente tradición casi siempre quedan en nada.

El informe de la AGN fue aprobado el 3 de febrero pasado mediante la resolución N°4 del organismo, que también lleva las firmas de los auditores Vilma Castillo, Alejandro Mario Nieva y el controvertido Francisco Javier Fernández. El período auditado comprende desde el 1° de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, y los técnicos de la AGN realizaron tareas de campo entre el 26 de diciembre de 2012 y el 15 de agosto de 2014.

Las conclusiones del informe

En resumen, las principales conclusiones del informe de la AGN son las siguientes:

- Las cuentas bancarias del Incaa, recaudadoras y pagadoras, carecen de un régimen de funcionamiento aprobado por autoridad competente.

-Los créditos y subsidios otorgados por el Incaa, en el período auditado, no se canalizaron a través de una entidad bancaria, incumpliendo la ley Nº 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica.

-Del análisis de la información remitida por la AFIP y el Banco Nación surge que el porcentaje de la recaudación del gravamen a favor del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) del Incaa en virtud de lo establecido en la ley Nº 26.522 de medios audiovisuales, comenzó a aplicarse a partir del 24/01/11, lo que conlleva menores recursos por un lapso mayor a un año

- La falta de control por parte del Incaa, el Comfer, la Afsca y la AFIP, sobre los importes transferidos al FFC impide validar la integridad de éste. El gravamen recaudado según la ley de medios audiovisuales no cuenta con controles que permitan convalidar el importe ingresado al FFC del Incaa.

- Se evidencia la ausencia de manuales de procedimientos, reglamentos internos o instructivos vigentes en el período auditado referidos a circuitos y sistemas de control interno de las áreas involucradas en la administración del FFC.

- El Incaa solicitó fondos a la Tesorería General de la Nación en el período auditado para finalidades que corresponden ser abonadas con el FFC.

- El sistema de registración de créditos y de información entre áreas evidencia debilidades que repercuten en el recupero final de los mismos. La existencia de créditos de antigua data denota un inadecuado control de la cartera y de la gestión de recupero.

-Los importes expuestos como pendientes de cancelación por subsidios no se encuentran determinados con un criterio uniforme.

-Se verifican incumplimientos a la ley Nº 17.741 de cine en lo referente al consejo asesor, la designación de miembros de los distintos comités (de Evaluación de Proyectos, de Clasificación de Películas Terminadas, de Apelación de Clasificación de Películas Terminadas, y de Créditos), la presentación de un plan Estratégico y de Gestión Anual, y las inscripciones en el Registro de Empresas.

-Las actividades realizadas en el período auditado por algunas dependencias del Incaa, no condicen con lo previsto en las normas.

-La normativa referida al fomento cinematográfico, hasta el dictado de la Resolución Incaa Nº 2203/11, se encontraba superpuesta y diseminada en distintas resoluciones, dificultando su interpretación y aplicación.

-La información contenida en los Anuarios publicados por el Incaa -y obrante asimismo en su página web-, presenta diferencias con la brindada a esta auditoría.

-Los créditos solicitados en el período auditado, comparados con los primeros pagos de créditos otorgados por el Incaa, evidencian dilación en el tiempo en que esta medida de fomento se concreta.