Sugestivo silencio del Gobierno y de la Armada

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
En los despachos gubernamentales, el marino detenido no obtuvo ningún apoyo oficial ni institucional
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26 de agosto de 2000  

La detención en México del capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo tuvo en la caja de resonancia política nacional un sonido diferente del caso del mayor (R) Jorge Olivera. Poco más de dos semanas pasaron entre el apresamiento en Italia del retirado del Ejército y esta captura del marino con antecedentes en la ESMA. En esta ocasión, las voces oficiales se acallaron totalmente. Extraño, al menos.

Por el lado de la Armada se salió rápidamente al cruce de cualquier idea de inquietud. Voceros autorizados del Edificio Libertad comentaron a La Nación que no habrá pronunciamientos ni se respaldará institucionalmente a Cavallo. El tema los tomó por sorpresa. Al punto de que nada más podían teorizar sobre el hilo de la historia que llevó a las autoridades mexicanas hacia el marino retirado en 1990.

La Cancillería se refirió solamente al sustento consular que podían dar al detenido, como ocurre con el caso de Olivera y de otros argentinos encarcelados en el mundo por delitos comunes. En la Casa Rosada no se encontraban tampoco definiciones terminantes. El Ministerio de Justicia aportaba la información sobre Cavallo, testimonios tomados durante el juicio a las juntas militares y en el informe de la Conadep. Nada más que decir.

Cuestión de identidad

En esas causas, y en la seguida por el juez español Baltasar Garzón, empieza una confusión que desenmascaró al no encubierto Cavallo. Figura en varias de las actuaciones con su nombre de batalla, Miguel Angel. Así lo llama el juez español, sustituto de Garzón, Guillermo Ruiz Polanco, en el pedido de detención preventiva enviado ayer a México, por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo.

Justamente, Cavallo fue apresado por presunta falsificación de documentos, después de una investigación periodística mexicana. Pero lo cierto es que usó su verdadero nombre en México, tal como figura en el último pedido de pasaporte, con Nº 10.225.159, efectuado a la Policía Federal Argentina el 30 de abril de 1999.

Entre las especulaciones que recorrieron despachos oficiales no pasó inadvertida la licitación ganada por el marino retirado, a través de la empresa Talsud, por la que se hizo cargo del Registro Nacional de Vehículos (Renave), en México.

Sospechan, en especial uniformados atentos a todo movimiento político, que esta vez el inicio tuvo más que ver con algún movimiento económico que con la intervención de organismos de derechos humanos, cuya acción local en este caso fue mucho más cauta que en lo visto durante la detención de Olivera.

Tampoco quedó fuera de los pensamientos la cercanía de este suceso con el viaje a México del presidente Fernando de la Rúa.

Mientras algunos buscaban explicaciones más allá del simple hecho de la captura, el segundo militar detenido en el exterior abre un frente inesperado al quedar en la distancia del juez Garzón y su ley sin punto final.

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