Temor en el Gobierno a un fallo adverso y con consecuencias

Preocupa que el endurecimiento de Griesa derive en embargos al pago a acreedores
Mariano Obarrio
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17 de noviembre de 2012  

Dentro del gobierno de Cristina Kirchner preocupa el fallo que en los próximos días emitirá en Nueva York el juez Thomas Griesa, sobre la forma de pago a los bonistas holdouts y a los "fondos buitre" por una deuda que reclaman de 1450 millones de dólares. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, comentó en las últimas horas que Griesa tiene una posición extremadamente dura desde que sabe que la Presidenta no aceptará reabrir el canje ni pagar como dictamine el magistrado.

El Gobierno considera que existen otras instancias judiciales para revertir el fallo inminente de Griesa: una segunda apelación a la Corte de Apelaciones y otra ante la Corte Suprema norteamericana. Cuentan con que tendrán aliados de peso. Pero el ala económica -liderada por Lorenzino- teme que un incumplimiento se interprete como un segundo default , con consecuencias serias para el país.

Preocupa la posibilidad de embargos al pago a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, un derrumbe de los bonos argentinos, cimbronazos en los balances de empresas y bancos, y la interrupción de créditos comerciales para importaciones y importaciones.

Para la Presidenta, en cambio, no habría efectos reales en la economía nacional. La Presidenta suele repetir con insistencia que la reestructuración o desendeudamiento argentino es "el modelo a seguir" y que el resto del mundo está equivocado.

El crecimiento económico se produjo sin asistencia del mundo y la Argentina no necesita de él. Se sospecha que ella radicalizaría su discurso de defensa de los intereses nacionales y denunciaría que son amenazados por grupos económicos que buscan desestabilizar al Gobierno con la complicidad de sectores internos.

Según una versión creciente, Cristina Kirchner destrató hace dos semanas, en una reunión privada, a Lorenzino y a su secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. Apenas conocido el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó el de Griesa que ordenaba pagar a los holdouts , ambos sugirieron la posibilidad de reabrir el canje para mostrar buena voluntad de resolver el problema de fondo.

"Hay que olvidarse de otro canje, no se les pagará a especuladores que apostaron a comprar títulos baratos apostando a otro default", aseguran desde el Gobierno que repite Cristina Kirchner.

Posiciones extremas

La inflexibilidad de la Presidenta pudo exacerbar la de Griesa. El juez definirá en pocos días cómo debe pagar la Argentina. El Estado considera "abusivo" el fallo y sostiene que perjudicaría a terceros: el resto de los bonistas que ingresaron, que deben cobrar en diciembre sin que les embarguen los fondos, y el agente pagador, el Bank Of New York (BoNY).

Además, el Gobierno se ampara en que existe una ley cerrojo sancionada por el Congreso que impide otro canje.

Altas fuentes oficiales aseguran que el Gobierno apuesta a que la administración de Barack Obama, el resto de los acreedores y el BoNY resulten aliados. Los dos últimos presentaron escritos ante el juez para preservar sus intereses. Y se amparan en un antecedente, en el cual el gobierno de los Estados Unidos favoreció a la Argentina ante el mismo juez.

Fue un embargo de 100 millones de dólares a las reservas del Banco Central, que duró cuatro años. La Cámara de Apelaciones lo levantó cuando la Reserva Federal se presentó en defensa de la Argentina en condición de amicus curiae , un tercero no afectado, pero con intereses en la causa.

"Esta causa es más compleja, pero no está cerrada. Hay muchas instancias todavía", comentó a la nacion un funcionario oficial. El canciller Héctor Timerman pidió anteayer ayuda a la comunidad internacional para liberar al mundo de "los carroñeros".

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