Inminente test electoral. Tensión en San Luis en vísperas del plebiscito

Hubo otra fuerte protesta contra el gobierno de Rodríguez Saá

21 de Agosto de 2004

LA NACION

SAN LUIS.- A 24 horas de la consulta popular en la que se pondrá en juego la continuidad del Plan de Inclusión Social, nadie duda en esta capital de que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá ganará la partida en las urnas, lo que supondrá mayor oxígeno para una administración cuestionada desde hace meses por distintos sectores sociales, con pedidos de intervención federal incluidos.

Tampoco hay dudas de que, después de un período de cierta calma, hayan vuelto los días de furia a la provincia que manejan desde hace más de dos décadas el gobernador y su hermano, el efímero ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.

La multisectorial que agrupa a los partidos de la oposición volvió a manifestarse ayer, en rechazo a los destrozos ocasionados por encapuchados en la carpa docente, y a la represión policial que se ordenó el día anterior durante un acto de repudio opositor a esos mismos hechos, organizado frente a la casa de gobierno provincial.

En la madrugada del jueves, una veintena de encapuchados destrozó la Carpa de la Dignidad Docente, frente a la sede del Ejecutivo. Por la noche, una manifestación de los mismos docentes, que se quejaban por el hecho, derivó en la quema de neumáticos por parte de los manifestantes y la posterior represión policial, que usó chorros de agua y balas de goma.

Ayer, la situación apuntaba a repetirse. Ya en las primeras horas de la tarde, pudieron verse efectivos policiales y miembros del Plan de Seguridad Comunitaria en las cercanías de la sede del gobierno.

El clima comenzó a calentarse con la protesta de empleados judiciales, que reclamaron por sueldos atrasados a metros del despacho del gobernador. Horas más tarde, unos 500 docentes y padres de alumnos volvieron a manifestarse.

Hubo quema de neumáticos, gritos contra el oficialismo, algunas caras tapadas con capuchas y una marcha alrededor de la plaza Independencia, pero no se registraron incidentes mayores. Algunos tiraron piedras al edificio gubernamental.

Polémica elección

La consulta popular sobre el Plan de Inclusión tiene un final cantado: ningún opositor se opone a que casi 40.000 personas perciban 330 por mes por siete horas diarias de trabajo.

Las diferencias entre oficialismo y oposición aparecen cuando se discute la legalidad de la consulta. "El plan es excelente. Logramos tener la desocupación más baja del país, y se le da trabajo, educación y seguridad a muchísima gente", dijo a LA NACION el diputado nacional José Mirabile (PJ-San Luis), una de las espadas del adolfismo en la Cámara baja.

"Es imposible pensar en quitar esta ayuda, pero se trata de una manipulación. Se los usa como rehenes en lugar de generar trabajo genuino", contestó el vicepresidente del comité nacional de la UCR, Walter Ceballos.

La oposición también asegura que la consulta no debe ser obligatoria ni vinculante, como exige el gobierno.

Otra discusión se da en torno de los veedores que llegarán para fiscalizar los comicios. Mientras el ministro de Legalidad, Sergio Freixes, y sus asesores aseguraban la llegada de ministros, intendentes y legisladores, la UCR ya avisó oficialmente que no aceptó el convite, y otros partidos lo imitarían en las próximas horas.

Hasta ahora, están confirmadas las presencias de la diputada menemista Inés Pérez Suárez y del ex embajador en Washington Diego Guelar.

Para el gobernador, el Plan de Inclusión es uno de los pilares de su gestión. "Si gana el no, virtualmente se cae el gobierno", declaró a periodistas locales.

La ciudad está empapelada con carteles en los que se lee: "En el nombre del padre, del hijo, del abuelo? votá sí" y "San Luis da trabajo". Los spots televisivos también recuerdan que la consulta es obligatoria. La mayor esperanza de la oposición es que la abstención electoral sea significativa y amargue el festejo del gobernador, que mañana celebrará su cumpleaños.

Jaime Rosemberg

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