Tensión entre el Gobierno y la Justicia: el llamado de Lorenzetti que enojó a Macri

Las buenas intenciones no alcanzaron. Los gestos que desplegó el titular de la Corte para evitar el impacto negativo en el Gobierno de decisiones del Tribunal al final tuvieron el efecto contrario. Mauricio Macri está hoy mucho más molesto con Ricardo Lorenzetti y la mayoría de los miembros del tribunal que antes. Lo mismo que con buena parte del Poder Judicial.

El detonante fue un llamado telefónico recibido por el Presidente, previo a la publicación de la acordada del Supremo que invalidó el tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner por corrupción y por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el pacto con Irán.

"No le contó todo y lo que no le contó era demasiado importante. Cuando Macri vio el texto de la acordada y se le explicó las consecuencias menos visibles pero más relevantes se sintió defraudado", contó uno de los hombres que más confianza tiene con el Presidente y uno de los que sigue los temas jurídicos desde la Casa Rosada.

Lo que vino después sólo agravó las cosas para que la relación entre el Gobierno y la Justicia se encuentre en uno de los peores momentos desde que Macri llegó al poder. El propio Presidente se encargó de manifestar en público su "indignación" por el fallo de la Cámara Federal que excarceló a Cristobal López, pero, sobre todo, por el cambio de carátula que hizo pasar la imputación de defraudación al Estado a evasión.

Los juristas más cercanos al Presidente consideran que esa modificación puede hacer caer la causa, ya que no descartan que lleve a la inexistencia de delito si sólo se investiga una evasión. Y no sólo se beneficiarían López y su socio Fabián de Sousa, sino que quedaría exculpado el ex titular de la AFIP kirchnerista, Ricardo Echegaray.

El oficialismo acusa al ex recaudador de cómplice de las maniobras por las cuales los patagónicos constituyeron un emporio al quedarse con 8000 mil millones de pesos en concepto de impuestos que pagaban los contribuyentes cada vez que cargaban nafta en sus estaciones de servicios y que ellos retenían para comprar empresas en lugar de transferírselos al fisco.

El enojo del Gobierno con los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, firmantes del fallo, es tal que dejan correr rumores sobre las motivaciones espúreas que podrían haber llevado a esa decisión. Y alientan las versiones que dicen que podría avanzar una investigación contra Ballesteros, en particular, en el Consejo de la Magistratura. "Van a tener que justificar hasta la compra de la ropa de lujo que usan", dicen.

Desde la Justicia intentan relativizar el enojo, que procuran circunscribir al ministro de Justicia, Germán Garavano, a pesar de las expresiones públicas del propio Macri y de otros miembros del Gobierno. Y, al mismo tiempo, justifican los fallos.

En el caso de la Corte insisten en que se buscó preservar la institucionalidad con la acordada que impidió que un tribunal del fuero ordinario, designado por la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura, juzgara a Cristina en el ámbito federal. Es la parte que habría aceptado Macri de lo que Lorenzetti le contó.

Lo que no le habría dicho o no le habría explicitados (matices que dependen de quién cuenta la historia) es lo que enojó al Presidente: que esa decisión no se refería sólo al cuerpo que debía juzgar a Cristina, sino que prácticamente deja sin efecto los traslados de otros jueces del fuero ordinario al fuero federal. Esa iniciativa permitía comenzar a limitar el poder de los más que cuestionados jueces de Comodoro Py.

La sospecha de que hay una defensa corporativa para retener poder y resistir los cambios adquirió más fuerza que nunca.

En ese contexto ponen en duda las reales intenciones de la autorreforma que anunció hace una semana Lorenzetti. Sugieren que harán cambios para no cambiar nada y que, además, en las conclusiones colarán críticas al Gobierno y deslindarán responsabilidades en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Algunas sugestivas situaciones registradas en los debates de las comisiones que trataron el proyecto abonaron las sospechas.

En su intento de mejorar en algo las dañadas relaciones, la Corte se decidió enviar las conclusiones al Gobierno antes de hacerlas públicas. Además, en las últimas horas reanudó contactos con los funcionarios encargados de la relación con la Justicia. ¿Alcanzará?