Tiene dictamen el nuevo Código Procesal Penal

El nuevo Código Procesal Penal quedó ayer a un paso de ser ley: en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, cuya validez fue cuestionada por la oposición, el oficialismo emitió dictamen favorable al proyecto del Gobierno.

Aprobada la semana pasada en el Senado, la iniciativa tiene tratamiento exprés en la Cámara baja: fue debatida durante cinco horas en una única reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto, y será sancionada en el recinto el jueves. El ministro de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Mena, defendieron el proyecto, en una intervención de media hora, tras la que se retiraron, sin responder preguntas.

Antes de abordar las cuestiones de fondo, la oposición apuntó contra el trámite legislativo. Además de cuestionar la brevedad del debate, impugnó la validez del plenario de comisiones. En especial, porque la presidencia de la cámara designó como comisión cabecera a Justicia, presidida por la oficialista Graciela Giannettasio, en desmedro de la de Legislación Penal, encabezada por Patricia Bullrich (Pro). "El oficialismo quiere acotar la responsabilidad institucional que la oposición tiene en este Parlamento", se quejó Bullrich, en el inicio del encuentro. Enseguida se le sumó Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador).

Luego vino el turno de Alak y de Mena. "El objetivo del nuevo código es hacer más eficiente la lucha contra el delito y en particular contra el crimen organizado", dijo el ministro, y recordó que no había habido fuerza política que no hubiera impulsado un sistema acusatorio, como el del proyecto oficial.

Ésa es la reforma principal del nuevo código: la investigación, hoy en manos de los jueces, quedará a cargo de los fiscales. Casi toda la oposición acompaña ese cambio, así como el acortamiento de los plazos y la oralidad de las audiencias.

Los puntos que generaron más discusión fueron los nuevos criterios para el dictado de la prisión preventiva, la posibilidad de expulsar a extranjeros que cometan delitos, la designación de 1734 personas en el Ministerio Público (contemplada en un anexo del proyecto) y la falta de una ley de implementación, así como de una nueva ley orgánica del Ministerio Público.

"Hay un intento de colonización de los cargos judiciales", sostuvo Bullrich al criticar las designaciones. A su turno, Garrido detalló que esos nombramientos significaban un incremento del 33% de los cargos en el Ministerio Público. Y cuestionó que el Gobierno no hubiera enviado, para su tratamiento conjunto, las leyes necesarias para la puesta en marcha del nuevo código.

El diputado radical apuntó después contra los cambios en la prisión preventiva, a los que calificó de "inconstitucionales". El artículo había sido objetado por organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Hoy, los jueces sólo pueden dictar la prisión preventiva de un imputado si existen riesgos procesales, esto es, si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. El nuevo código dice que los magistrados también pueden tener en cuenta las condiciones del imputado, como por ejemplo si tuvo detenciones previas.

"El Gobierno se hace eco de las banderas de la derecha", dijo más tarde Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), en línea con Claudio Lozano. Los sectores progresistas de la oposición confluyeron también en las críticas al artículo referido a los extranjeros. Se establece ahí que en los casos de flagrancia, y sólo en delitos con una pena máxima menor a tres años, se podrá expulsar a los extranjeros por un plazo de hasta 15 años. Pero sólo es aplicable en los casos en que el imputado esté de acuerdo.

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