Toman nuevas muestras genéticas en el caso Noble

Fue en las viviendas de los hijos de la directora del Grupo Clarín
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31 de diciembre de 2009  

Apenas un día después de que los hijos adoptivos de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se sometieran voluntariamente a un examen genético en la Justicia, conforme establece un fallo firme, el juez federal Conrado Bergesio realizó sorpresivamente ayer dos procedimientos en los domicilios de los jóvenes y secuestró material para hacer un estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Felipe y Marcela Noble Herrera fueron adoptados en sede judicial por la titular de Clarín en 1976. Luego de cerrada una primera investigación, en los años noventa, sin que se encontrara irregularidad alguna, en 2001, una denuncia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reactivó el caso.

No obstante, a pesar de las muchas medidas de prueba, no se hallaron elementos comprometedores. Por eso, hace cuatro años, la Cámara Federal de San Martín sobreseyó a la madre adoptiva de Felipe y Marcela.

En la resolución en que ordenó los allanamientos -que la Policía Federal realizó en dos domicilios de Martínez-, Bergesio reconoce que las pruebas reunidas en la causa "no permiten corroborar" que los jóvenes sean hijos de desaparecidos. Sin embargo, sin prueba alguna que le permita sospechar lo contrario, afirma: "Tampoco puede descartarse que ello sea así". Por eso, el abogado de la familia, Jorge Anzorreguy, afirmó que impugnará la medida de Bergesio, porque dice que "es nula, porque es ilegal, no tiene fundamentos y es autocontradictoria".

Quienes estaban presentes en los domicilios de los jóvenes, que actualmente tienen 33 años, entregaron espontáneamente a la policía y al personal del Banco de Datos Genéticos cepillos de dientes, pantuflas y prendas.

El responsable de realizar el estudio genético es, precisamente, el punto más controvertido del asunto.

Mientras Felipe y Marcela se habían sometido el día anterior a un examen genético en el Cuerpo Médico Forense, que fue ordenado por un fallo firme (que no fue apelado), Carlotto pidió que el examen se realizara en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que depende del Poder Ejecutivo, y que los resultados no se compararan sólo contra dos familias querellantes, sino contra un universo indefinido de potenciales familias que fueron víctimas de la represión.

Los argumentos del juez

Bergesio fundamentó estos procedimientos en dos elementos: el fallo de la Corte Suprema en el caso Gualtieri, de agosto último, que autorizó a la Justicia a obtener muestras de material genético sin usar fuerza sobre las personas, sino por vías alternativas (allanamientos domiciliarios, para secuestrar elementos personales) y una nueva ley de extracción compulsiva de ADN, sancionada en noviembre último, a instancias del Poder Ejecutivo.

Los abogados de Herrera de Noble explican que el fallo y la ley no son aplicables a este caso.

Primero, porque un fallo anterior a la sanción de la ley estableció en forma definitiva cómo debe hacerse el estudio -al que los jóvenes se habían sometido anteayer- y segundo, porque el fallo y la ley se aplican a casos de padres apropiadores y no hay en el expediente, como lo reconoce Bergesio, ninguna medida de prueba que permita sostener que Herrera de Noble incurrió en ese delito.

Los letrados habían planteado la inaplicabilidad del fallo y la inconstitucionalidad de la nueva ley que reformó el Código Procesal Penal (artículo 218 bis), pero Bergesio, cuando ordenó la medida, omitió pronunciarse acerca de su validez o su inconstitucionalidad.

Felipe fue entregado a Herrera de Noble en un juzgado, en 1976, de manos de una mujer que era madre soltera y, quizá por pudor, falseó su identidad. Por su lado, Marcela apareció en una canasta, en el domicilio de la directora de Clarín , quien llevó la niña a la Justicia, para tramitar la adopción.

Estos elementos llamaron reiteradamente la atención de los investigadores, pero numerosos testigos, entre ellos los vecinos de la familia y los empleados del juzgado que tramitó las adopciones, corroboraron la realidad de esos trámites y la Cámara Federal concluyó que no había ningún elemento incriminatorio.

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