Tras la corrida cambiaria, el peronismo endurece las condiciones para aprobar el presupuesto

El llamado peronismo "racional", aquél que aglutina a la mayoría de los gobernadores y legisladores no kirchneristas, endurecerá sus condiciones para aprobar el presupuesto 2019 en el Congreso. La corrida cambiaria de la última semana y la crisis económica consecuente puso a las negociaciones con el Gobierno en un "stand by" y los avances logrados en las últimas semanas volvieron a foja cero: es imposible acordar un presupuesto cuando todas las previsiones macroeconómicas (inflación, déficit, tipo de cambio) quedaron en el limbo, aducen en este sector político.

En el peronismo no kirchnerista predomina la prudencia y la voluntad de acompañar al Gobierno en esta situación compleja de la economía. Pero la crisis cambiaria que estalló el jueves pasado marcó un punto de inflexión: si hasta el miércoles pasado había casi certeza de que la sanción del presupuesto 2019 era un hecho y que, a lo sumo, el PJ propondría algunos cambios al texto, ahora impera la lógica inversa: si previamente el Gobierno no adopta cambios drásticos en materia económica, la sanción del presupuesto se hará difícil. Sobre todo en el Senado.

El diagnóstico del peronismo es que el Gobierno no tiene un plan económico. El único plan al que se atiene es el que le marca el Fondo Monetario Internacional (FMI), su tabla de salvación para el financiamiento de la deuda en los próximos dos años. A cambio, las condiciones serán más duras: de la meta de déficit primario del 1.3% del PBI en 2019 ahora se pretende llegar a una situación de equilibrio en 2019. Esto implicará un ajuste del gasto público mucho más drástico (superior a los $300.000 millones originales) y mayor recesión.

El peronismo insiste: de la crisis no se sale sólo con un ajuste del gasto. Es fundamental también mejorar el nivel de los ingresos, es decir, subir impuestos o suspender exenciones. No hay altruismo en el PJ: pretende que el Gobierno le "meta la mano" a a aquellos sectores económicos aliados a su gestión a los que benefició fiscalmente desde el inicio de su mandato. En concreto, la base electoral más genuina de Cambiemos: el campo, la minería y los sectores empresarios y financieros.

La receta que propone el peronismo consiste, básicamente, en suspender la baja a las retenciones al campo. La suspensión de la baja de alícuota del Impuesto a las Ganancias de 35% a 30%, que está prevista para el próximo año (que significarían unos $ 40.000 millones) y restituir la alícuota del 1% en Bienes Personales aplicables a cuentas, sociedades e inmuebles en el exterior (lo que implicaría una recaudación adicional de $ 25.500 millones.

También propone restituir la alícuota del impuesto sobre los Bienes Personales al 0,5% para participaciones societarias ($4500 millones) y suspender tanto el ajuste por inflación del impuesto a las Ganancias en los balances de las empresas como la reducción de las contribuciones patronales a entidades financieras.

"No puede haber presupuesto si se mantienen los beneficios absurdos. El Gobierno tiene en sus manos la decisión de realizar un ajuste brutal del gasto sin tocar ingresos o hacer un ajuste más moderado, pero tocando intereses que conciernen a su propia base electoral. Está claro que nosotros no vamos a apoyar un ajuste cuya variable sólo sean las universidades, los empleados públicos y la gente en general", apuntó un dirigente peronista de diálogo fluido con los gobernadores.

Por lo pronto, la pelota está del lado del Gobierno y las negociaciones quedaron congeladas.

"Las negociaciones (por el presupuesto 2019) están en la nada. Sin parámetros macroeconómicos definidos ni un plan económico que revele adónde quiere ir el Gobierno es imposible la discusión", sostuvo el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador).

"En el marco de la crisis económica y cambiaria y las nuevas metas fiscales que supuestamente plantea el equipo económico, hablar del presupuesto es una imprudencia. Todo lo que afirmemos es en el plano de lo hipotético: hasta que el ministro no presente un nuevo plan económico no podemos emitir opinión", enfatizó el diputado Diego Bossio (Argentina Federal).

Para el peronismo no kirchnerista una de las claves para la salida de la crisis es la convocatoria del Gobierno a un acuerdo multisectorial amplio. Hasta ahora ni los gobernadores ni los legisladores recibieron invitación alguna.

"La situación del país es muy delicada y hay que actuar con responsabilidad. El Gobierno debería convocar a una mesa de diálogo con los principales sectores de la Argentina; no puede salir de esta crisis solo. Y, paralelamente, debe construir un plan económico; es cierto que hay que bajar el déficit fiscal, pero no se puede practicar el ajuste sin crecimiento", apuntó, por su lado, el jefe del interbloque Argentina Federal Pablo Kosiner, en declaraciones a Crónica TV.

Este martes será un día clave: doce gobernadores del peronismo se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir la estrategia a seguir en sus negociaciones con el Gobierno y el presupuesto 2019. Fue invitado, una vez más, el jefe del Frente Renovador Sergio Massa, quien apuesta a mostrarse como articulador de las propuestas e intereses de los gobernadores y su propio espacio político. Está claro que el peronismo se está probando el traje electoral con vistas a 2019, alentado por la debilidad de Cambiemos.