Tras el fallo, se abrirá una etapa de negociación

A partir de que la Corte Suprema de Justicia finalmente amplíe el universo de los jueces que pagan ganancias y avance en el cumplimento de la ley, incluyendo a los magistrados que llegan desde el Poder Judicial, el Gobierno espera que se abra una etapa de negociación para que, progresivamente, todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.

Imaginan en Cambiemos que el ámbito de la negociación puede ser el propio expediente judicial iniciado por la Asociación de Magistrados o una comisión tripartita integrada por jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores.

En el Gobierno tenían un proyecto de reglamentación de la ley de 2016, que se frenó cuando los jueces de la Asociación de Magistrados presentaron una medida cautelar, lo que generó malestar en el Gobierno.

Revocada la cautelar, ahora el juez tiene que dictar la sentencia de fondo y ahí es donde van a intentar promover un acuerdo, pues ambos son las partes del proceso.

Esta iniciativa busca que una vez que quede homologado el acuerdo delante del juez, la Asociación de Magistrados se comprometa a no judicializar más el tema y a aceptar una solución global.

La idea política es que hoy el Gobierno es quien tiene necesidad de un acuerdo, pero tras el fallo de la Corte, serán los jueces los que se verán en la necesidad de ir al pie y pedir negociar.

La otra opción es conformar una comisión tripartita para discutir de qué modo se pueden incorporar paulatinamente todos los jueces al pago del impuesto a las ganancias.

Aquí pesa una iniciativa del radicalismo, por la cual se dispone que los jueces, funcionarios y empleados judiciales, tanto nacionales como provinciales, paguen el impuesto a las ganancias.

El autor del proyecto es el diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza), quien propone incluir a todos los magistrados como obligados al pago del impuesto, reconocer a cada uno la intangibilidad de su actual sueldo neto y prever una incorporación paulatina de su salario a la base del impuesto, a partir de los aumentos que se produzcan desde la vigencia de la ley.

"Al crearse una deducción especial cristalizada en el tiempo, en pocos años la base del impuesto se irá incrementando, sin que se afecte de forma inmediata el poder adquisitivo y capacidad de pago de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales", explicó el legislador.

Esta "deducción especial" del impuesto a las ganancias se aplicaría solo sobre los futuros aumentos salariales que perciban los miembros del Poder Judicial.

Según Borsani esta fórmula respetaría la intangibilidad de los sueldos de los jueces, mandato establecido en la Constitución Nacional. Justamente, la intangibilidad de los salarios fue el argumento que esgrime la Asociación de Magistrados.

Borsani sostiene que esta nueva propuesta atenderá el reclamo social para que el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias y, por el otro lado, el respeto a la intangibilidad de los salarios de los magistrados.

Además, permitirá solucionar la inequidad que existe entre los nuevos magistrados (obligados por ley a pagar el impuesto plenamente) y quienes revisten ese cargo desde antes de 2017 que permanecen exentos.