Tras escuchar a Pochetti, Bonadio debe definir la suerte de varios imputados

Con una alta dosis de incertidumbre, Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz , fue trasladada el viernes, a última hora, de regreso al penal de Ezeiza, después de una audiencia de cuatro horas con el juez Claudio Bonadio .

El magistrado que investiga la causa de los cuadernos de las coimas debe resolver si su declaración como arrepentida será homologada y la imputada recuperará su libertad o si quedará presa sin el beneficio por haber logrado ese acuerdo.

Pochetti visitó Comodoro Py tres veces la semana pasada: primero fue para designar a un defensor oficial; luego, para declarar como arrepentida ante los fiscales de la causa de los cuadernos, y por último, para la audiencia de homologación. Esa última instancia quedó en suspenso. Bonadio no rechazó el acuerdo, pero tampoco lo homologó. El juez prefirió estudiar el contenido de su declaración y constatarlo.

El acuerdo que celebró Pochetti, a través de su defensor Juan Martín Hermida, con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli y el contenido de su declaración se mantuvieron en estricta reserva.

Su declaración ante los fiscales duró tres horas. Estos fueron muy claros a la hora de negociar el contenido que la viuda de Muñoz debía aportar: precisan saber cuál es el paradero actual del dinero que se utilizó para comprar propiedades por 65 millones de dólares en Miami y Nueva York y cuál fue el origen de ese dinero.

Lo que sucedió en el medio -la constitución de sociedades offshore, los viajes a Estados Unidos, la estructura de testaferros-, explicaron los fiscales al abogado de Pochetti, ya lograron reconstruirlo, a partir del aporte de otros imputados colaboradores del entorno de Muñoz que declararon como arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas.

Imputados en alerta

La decisión de Pochetti de declarar como arrepentida alertó a varios de los imputados de su entorno, que ya declararon en esa condición y entregaron información a cambio de obtener su libertad.

Elizabeth Ortiz Municoy, sospechosa de ser testaferro de Muñoz por haber sido titular de varias sociedades utilizadas para la compra de las propiedades, se había desligado de sus responsabilidades y había apuntado hacia Pochetti.

Municoy, que fue excarcelada en noviembre, visitó Comodoro Py esta semana para reunirse con su defensor, Gustavo Kollmann. Se mantiene atenta a las consecuencias que podría provocar la homologación de la declaración de Pochetti.

También el defensor de Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner, visitó los tribunales de Comodoro Py varias veces esta semana, expectante sobre una medida relativa a su defendido, que quedó detenido hace dos semanas por los dichos de Juan Manuel Campillo, exministro de Economía de Santa Cruz.

El abogado de Bounine pretende que su cliente sea excarcelado y también está atento a lo que pueda decir Pochetti sobre la gestión que supuestamente realizó Bounine.

En cuanto a las resoluciones pendientes, aún se espera que Bonadio defina la situación procesal de Carolina Pochetti, Elizabeth Municoy, Sergio Todisco, Juan Manuel y Gastón Campillo, Carlos Cortez, Carlos Gellert y demás imputados. Varios de ellos aún están detenidos.

La semana pasada, Bonadio homologó el acuerdo como arrepentido de Carlos Gellert, el primo de Pochetti. Sin embargo, resolvió no concederle la excarcelación a Gellert. Lo mismo sucedió con Juan Manuel Campillo, quien aguardó casi un mes hasta ser confirmado como arrepentido con la expectativa de recuperar su libertad, y aun después de la homologación de su acuerdo el juez optó por dejarlo bajo la condición de prisión preventiva.

Su defensor oficial, Gustavo Kollmann, apeló la decisión del juez entre críticas y espera que la Cámara Federal resuelva si le concede la excarcelación a Campillo.

Como resultado de los 80 allanamientos que se realizaron en simultáneo -hace poco más de una semana- en 73 empresas constructoras en distintos puntos del país, se citará a declarar a decenas de empresarios. Esta medida está relacionada con el tramo inicial de la causa: el grupo de empresarios que pagó sobornos para la adjudicación de contratos de obra pública.

Aunque serán citados directivos de empresas que aún no debieron visitar los tribunales de Comodoro Py por esta causa, también deberán regresar a declarar directivos de grandes empresas como Roggio, Cartelone, Isolux, Esuco y Electroingeniería, entre otras.