Tras la admisión de De Vido, la UIF desliga a las Madres

Sbattella se muestra preocupado por mostrar que actuó con transparencia
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2 de octubre de 2011  

De manera inesperada, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, admitió que su equipo había descubierto que Sergio Schoklender incurría en desmanejos en el plan de obras públicas las Madres de Plaza de Mayo. "Nosotros en su momento vimos esa situación", contó el jueves último, aunque no precisó por qué no se radicó una denuncia penal.

De Vido confirmó, así, que el Gobierno supo de las irregularidades antes de que estallara el escándalo, que a su vez respondería a la reacción de Schoklender cuando lo enfrentó el secretario de Obras Públicas, José López. "En mi barrio decían que le cortó el pedal; le dijo basta", contó.

También al tanto de los presuntos delitos de Schoklender y la fundación, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, debió salir a defenderse tras las primeras revelaciones periodísticas.

"Desmentimos el cajoneo de una causa", replicó a fines de mayo. "La UIF para poder elevar una investigación tiene que tener indicios de los delitos precedentes", planteó esa vez. Dos días después, sin embargo, envió toda la documentación a Tribunales tras afirmar que sí había "elementos" para investigarlo a Schoklender.

"Hay elementos, exactamente. Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros", replicó, luego de que LA NACION reveló que la UIF había frenado las investigaciones sobre Schoklender y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Por el contrario, planteó Sbattella, decidió girar todo a la Justicia porque la pesquisa "se deteriora más por lo que pasa en los medios".

En silencio, el fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación preliminar en la que procura determinar si la UIF cajonea reportes de operaciones sospechosas (ROS) y persigue a enemigos políticos. La pesquisa podría registrar novedades pronto, trascendió en Tribunales.

Al declarar ante el Congreso, hace dos semanas, el propio Schoklender defendió la labor del titular de la UIF ante la denuncia por la compra de la quinta de José C. Paz. "Lo acusan a Sbattella de cajonear el expediente -dijo-. No es que lo cajoneó, es que no encontró delito porque no había lavado de dinero de 5000 dólares de anticipo para comprar esa quinta, por más que se quiera forzar la mano."

El titular de la unidad antilavado, por el contrario, concentró sus dardos públicos en el ex apoderado de la fundación y desvinculó a las Madres de Plaza de Mayo y a sí mismo de lo ocurrido: "Tengo la tranquilidad de que se va a demostrar la transparencia con la que hemos actuado".

Un año después de la denuncia por aquella quinta, y con el escándalo en plena ebullición, los ROS comenzaron a acumularse. Escribanos, bancos y otros sujetos obligados enviaron al menos 39 alertas por otras operaciones a la UIF, que las remitió al juez federal Norberto Oyarbide.

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