Tras la polémica por el anillo, Oyarbide regresó a tribunales

Hernán Cappiello
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2 de febrero de 2012  

Después de irse de vacaciones a un costoso resort de Punta Cana, en medio del escándalo que provocó la adquisición de un anillo de brillantes que él mismo tasó en unos 250.000 dólares, el juez federal Norberto Oyarbide regresó ayer de excelente humor a su despacho en los tribunales federales de Retiro.

Llevaba en la mano izquierda un anillo, pero no era el de brillantes engarzados que dijo haber adquirido vendiendo los regalos que le habían hecho.

Ayer optó por otro anillo, al parecer de oro blanco con una piedra. Lo lucía con un traje azul y una corbata finita al tono, con pequeños lunares. "No tengo nada que decir. Voy a contestar en el momento que corresponda", dijo, sobre las denuncias relacionadas con la alhaja.

Oyarbideatendió las causas más urgentes de los dos tribunales que tiene a su cargo, donde investiga a Mauricio Macri, a Hugo Moyano y a la hija de Hebe de Bonafini, entre otros personajes sensibles al poder.

Con la tranquilidad de haberse librado de una denuncia que lo salpicaba, por su vínculo con el ex agente de la SIDE Raúl Martins, acusado por su hija Lorena de regentear una red de prostíbulos, el juez pareció despreocupado por las repercusiones que tuvo la exhibición de su anillo.

Un abogado de Tucumán lo denunció allí por supuesto enriquecimiento ilícito y la causa aterrizó en la Capital.

Por sorteo, recayó en el juzgado de Sergio Torres, colega de Oyarbide.

"De cosas del pasado no hablo", se disculpó Oyarbide cuando un grupo de periodistas lo interceptó a la salida de su despacho, en el pasillo del tercer piso de Comodoro Py 2002 para conocer su parecer después de un mes de vacaciones y tantos comentarios. Al parecer, se refería al asunto de Martins, ya que su hija denunció que Oyarbide es amigo de su padre y exhibió una foto en la que se los ve juntos en un casamiento.

En cambio, se mostró entusiasmado con el avance del caso contra Pablo y Sergio Schoklender, pues recibió de la Policía Federal un informe sobre sus patrimonios, que servirá para interrogarlos como sospechosos de fraude y lavado de dinero.

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