Tres camaristas denunciados por presuntas coimas

Uno de ellos confesó irregularidades
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27 de octubre de 2000  

Los supuestos sobornos no parecen patrimonio exclusivo del Senado de la Nación: un nuevo caso de corrupción sacude a la Justicia.

Primero, un camarista del fuero comercial renunció, sospechado de recibir dinero de una importante empresa por medio de un abogado amigo.

Luego, una colega suya de la Sala A de la Cámara Comercial admitió ante sus pares, ahogada por el llanto, que hace más de 20 años que comete irregularidades supuestamente con otro camarista, que es pariente y amigo del auditor general de la Nación, Rodolfo Barra, y que aceptó varias veces "hacerle favores" al ex ministro menemista.

Finalmente, el tercer miembro del tribunal consideró "fantasiosas" las manifestaciones de su par, pero terminó autoincriminándose.

Todo ello consta en la presentación que el pleno de la cámara envió al Consejo de la Magistratura para que lo investigue. Los doctores Manuel Jarazo Veiras, Isabel Miguez de Cantore y Julio Peirano están imputados por cohecho en dos causas que tramitan en los juzgados de instrucción a cargo de Sergio Torres y Adolfo Calvete desde hace más de cuatro meses, confirmaron a La Nación cinco altas fuentes judiciales.

A raíz de la denuncia que presentaron diez camaristas comerciales y el fiscal de Cámara Raúl Calle Guevara, el Consejo de la Magistratura estudia el caso y analiza si los jueces Miguez y Peirano deben ser separados de su cargo. El expediente 298/2000 fue remitido el 26 de septiembre último a la Comisión de Acusación del cuerpo y, por sorteo, fue designado el diputado y consejero Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro) para hacer el dictamen preliminar, informaron fuentes del Consejo.

El nuevo caso de corrupción conmueve a jueces, camaristas y abogados comercialistas: se trata de un fuero clave para que la Argentina garantice la seguridad jurídica que reclaman los inversores.

Allí se tramitan los concursos y las quiebras de las principales empresas del país, los problemas societarios que se presentan entre accionistas, los que se vinculan con el uso de tarjetas de crédito y seguros, o los que generan los incumplimientos de cheques y de pagarés.

"Lo inédito del caso es que acá no hay un juez o un camarista sospechado sino tres, y que las prácticas ilegales, según la propia magistrada, no parecen una cosa nueva", admitieron, en diálogo con La Nación , tres de los camaristas que firmaron la denuncia y que reconocen que no saben cómo terminará este escándalo.

Todo comenzó a fines de diciembre último, cuando una demanda promovida por la accionista Mónica Madanes, solicitando que se declare la nulidad de decisiones adoptadas por la asamblea ordinaria y extraordinaria de Aluar Aluminios Argentinos, el 6 de octubre de 1994, fue rechazada por la Sala A de la Cámara Comercial.

Un fax del 11 de febrero de 2000, en el que se comunicó el fallo a la Bolsa de Comercio, antes de que Madanes supiera que había perdido el caso, desencadenó la investigación.

El estudio jurídico de Luis Moreno Ocampo, en nombre de Mónica Madanes, presentó la primera denuncia penal contra los camaristas.

La segunda fue hecha luego por el ex camarista federal Guillermo Ledesma, en representación de Omar Merchan Gómez, a quien sus ex socios en Biogénesis le ejecutaron un pagaré.

La Sala A fue allanada por orden del juez Torres y varias filmaciones con cámaras ocultas registraron diálogos comprometedores entre abogados que tramitaban causas en la Sala A y letrados vinculados con los camaristas sospechados, que prometían mediar para conseguir fallos favorables.

Luego, ya en pleno junio último, una auditoría interna de una empresa vinculada con Aluar determinó que el abogado José de San Martín, amigo íntimo de Jarazo, cobró por lo menos 225.000 pesos y nunca firmó un escrito en el expediente, supuestamente para que Jarazo no tuviera que excusarse en la causa.

Frente a la presión, el camarista más antiguo del fuero presentó su renuncia, que fue aceptada a partir del 1º de agosto de 2000.

Pero las sospechas y los problemas en la Sala A no terminaron ahí.Y, en cambio, se agravaron.

La confesión

Pocos días después del alejamiento de Jarazo de la Justicia, el 2 de agosto último, Miguez de Cantore confió ante una docena de colegas estupefactos que "también Peirano incurría en prácticas irregulares".

Reveló, según consta en el expediente que tramita en el Consejo de la Magistratura, "severas sospechas respecto de la relación existente entre Peirano y el abogado Pedro González Trabucco, para quien el camarista buscaba obtener designaciones de oficio y con quien tendría una sociedad".

Mencionó varios expedientes en los que la Sala no resolvió de acuerdo a Derecho y luego se explayó sobre Barra y sus supuestos pedidos ilegales.

Dijo que "un abogado del estudio de Barra, de conocimiento del doctor Peirano, le requirió que intercediera ante su colega Manuel Jarazo Veiras para que emitiera su voto en una causa que este tenía a estudio hace largo tiempo". Y luego agregó: "Peirano, invocando un requerimiento de Barra, me solicitó que redujera una indemnización que había proyectado determinar en cierta causa judicial", a lo cual manifestó haber accedido.

Tras las sorpresivas manifestaciones de la camarista, que acusó a su colega, a Barra y a González Trabucco, pero también se autoincriminó, el presidente de la Cámara, Héctor Di Tella, la intimó a concretar una presentación por escrito.

Ella contestó que quería tomarse un tiempo para hablar con Peirano cuando regresara de su licencia por vacaciones. Pero el camarista volvió, ella no habló con su colega y luego tampoco aceptó formular la denuncia.

Entonces, la Cámara convocó a un acuerdo extraordinario para el 30 de agosto último, pero Miguez de Cantore pidió licencia por un día y faltó a la cita. Peirano se enteró en ese momento que su par y amiga durante años lo había acusado.

Los camaristas apelaron a su memoria, reprodujeron entre todos las confesiones de su colega y escribieron tres páginas que mandaron al Consejo de la Magistratura el 1º de septiembre último.

Cumplieron así con la tradición del fuero de autodepurarse. Tres jueces de primera instancia renunciaron en los últimos años, luego de sumarios administrativos iniciados por la Cámara.

"Lo que dice la camarista es muy grave, pero prefiero no adelantar mi opinión hasta que no esté el dictamen del consejero Pichetto", dijeron a La Nación tres miembros de la Comisión de Acusación del Consejo, que decidirán sobre el futuro de los magistrados sospechados.

Barra niega todo

  • El ex ministro y actual auditor general de la Nación, Rodolfo Barra, negó las acusaciones de la camarista Isabel Miguez de Cantore. "Yo no tramité nunca expedientes en el fuero comercial, siempre trabajé en el fuero administrativo. En lo personal, niego haber pedido alguna vez favores", dijo a La Nación . Barra admitió ser "primo y amigo del camarista Julio Peirano", aseguró que no conocía la denuncia de Miguez de Cantore y adelantó que la demandará si lo involucró en prácticas ilegales. En cambio, reconoció que no puede asegurar que miembros de su estudio, que él dejó hace diez años, hayan invocado su nombre para influenciar a magistrados.
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