La crisis económica. Tres jueces de la Corte recusan a diputados

Por medio de dos notas presentadas ayer en la Cámara de Diputados, tres de los jueces de la Corte pidieron que se aplique el reglamento de funcionamiento del cuerpo y que sean excluidos los diputados de la Comisión de Juicio Político que son abogados y no tienen suspendida su matrícula.

Los magistrados apuntan a cambiar la fisonomía de la comisión legislativa. Pero el titular del cuerpo, Sergio Acevedo, desestimó la recusación: “Es una actitud defensiva para ganar tiempo y crear confusión en la sociedad”, afirmó. Hoy, la comisión se reúne a las 13 para evaluar los cargos contra los jueces del más alto tribunal.

Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López, con el patrocinio del constitucionalista Gregorio Badeni y del penalista Eduardo Aguirre Obarrio, en sendas notas que dirigieron a Acevedo y al presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, invocan el artículo 90 del reglamento de la Cámara.

No firman la nota otros dos jueces que muchas veces votaron con aquéllos: Adolfo Vázquez, que cuenta con la defensa del ex secretario Legal y Técnico Virgilio Loiácono, y Antonio Boggiano, que si bien coordinará su defensa con los consejos de Badeni, es asesorado por Fernando López de Zavalía, Lino Palacio, Jaime L. Anaya y Julio César Otaegui.

El artículo 90 del reglamento dispone que deben excusarse los miembros de la Comisión de Juicio Político que ejerzan la profesión de abogado en los distritos judiciales sujetos a la jurisdicción de los jueces que investigan. El dato no es menor, porque de los 31 miembros de la Comisión de Juicio Político, veinte son abogados y varios podrían estar comprendidos en esa situación.

Los mismos tres jueces, además, pidieron nuevamente a la comisión que les entregue copia de las denuncias que investigan los legisladores y que todos los diputados que hicieron declaraciones sobre los jueces de la Corte antes de haber siquiera comenzado el análisis de las causales de excusación ratifiquen sus críticas o se rectifiquen.

“Se impone cumplir con esos requerimientos para concretar la tantas veces proclamada transparencia de la comisión”, dice una de las notas que presentaron los jueces.

El tironeo en la Corte

Hoy, este tironeo también continuará en la Corte.

En efecto, el tema central del acuerdo de ministros será decidir si el alto tribunal debe contestar todos los pedidos de informes que le remitió la comisión.

El cuerpo investigador dio un plazo de 48 horas, que ya venció hace varios días, y los nueve jueces del tribunal mantienen posiciones encontradas sobre la atribución de la comisión de pedir toda la información que requirió.

Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert entienden que la respuesta debe ser lo más amplia y rápida posible.

En cambio, mientras Boggiano y Fayt mantienen una posición intermedia, Nazareno, Moliné, López y Vázquez dicen que no hay inconveniente alguno en que se pidan expedientes y sentencias, varias de las cuales ya fueron remitidas por la Corte al Congreso. Pero afirman que no corresponde enviarle datos que tienen relación con el funcionamiento interno de la Corte, cabeza de otro poder del Estado, como son el número de secretarios, sueldos y licencias.