Tres pasos, un objetivo

Siete días atrás, un juez se declaró competente para analizar si destraba la revisión de las declaraciones juradas de los diputados; ayer, la Corte Suprema acordó que la Auditoría General de la Nación supervise cómo maneja sus fondos; hoy, Fores e IDEA premiarán a los jueces y juzgados más eficientes.

Son apenas tres ejemplos de los esfuerzos múltiples para luchar contra la corrupción y la desidia burocrática. También, para fortalecer las instituciones democráticas.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Silva Garretón decidió entender en el amparo presentado por un ciudadano que quiere conocer y examinar las declaraciones juradas de todos los diputados nacionales.

Silva Garretón actuó a contrapelo de sus colegas del fuero. Los otros once jueces en lo Contencioso Administrativo Federal se excusaron por "razones de delicadeza y decoro".

El miércoles último, Silva Garretón recordó que ya presentó su declaración jurada patrimonial, como le impone la ley, y no encontró ningún "interés personal (propio) en el pleito" por trabarse. Por tanto, el amparo quedó en sus manos.

Ahora, el juez deberá evaluar si admite el planteo basado en la ley de ética pública, con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles.

Mientras tanto, la Corte Suprema someterá al control de la Auditoría General toda su "actividad presupuestaria, económica, financiera y patrimonial", acordaron ayer ambas instituciones.

La Corte maneja cada año más de $ 100 millones, que desde 2005 serán supervisados por la Auditoría. Sus conclusiones y sugerencias figurarán en un informe anual con el que se pretende aportar más eficiencia a la gestión pública.

Hoy, en tanto, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) entregarán el Premio a la Excelencia Judicial para reconocer a los elegidos como "buenos jueces y juzgados eficientes".

El reconocimiento recaerá este año en el Juzgado Nacional N° 11 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de María José Sarmiento, y en el Juzgado Nacional N° 12 en lo Correccional, a cargo de Raúl García. Un consejo consultivo investigó durante un año el desempeño diario de cada juzgado, desde el juez hasta el último ordenanza. Analizó su productividad, encuestó a abogados y evaluó la calidad en la atención al público y la gestión como equipo de los empleados y funcionarios.

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Los tres ejemplos son puntuales, quizá coyunturales. Pueden soslayarse, si se quiere, como simples granos de arena en un mar de oscuridad. Puede ser. Pero representan un paso para mejorar el acceso ciudadano a los Tribunales y la calidad de la administración de Justicia y, en el mediano plazo, la credibilidad de las instituciones.

"El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social", reafirma la Convención Interamericana Contra la Corrupción.