Un área signada por el desmanejo

Franco Varise
(0)
29 de abril de 2004  

La ex interventora en la Dirección Nacional de Pesca Nélida Videla Sánchez abrió la caja de Pandora. Con sus denuncias reflejó, en verdad, algo que trasciende la coyuntura política, aunque no justifica digresiones. La administración pesquera hace más de una década que zozobra por denuncias de corrupción e irregularidades en el otorgamiento de las licencias de pesca con consecuencias nefastas sobre los recursos del mar argentino.

En 2001 una auditoría realizada por un equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), financiados por la misma Secretaría de Agricultura, reveló abrumadoras violaciones a las normas vigentes. Ese informe, publicado por LA NACION y la revista Puerto, entre otros, cayó en saco roto, pues implicaba avanzar en temas inconvenientes tanto en el plano político como en el empresarial.

Mientras tanto, las existencias de los principales recursos, como la merluza hubbsi, continuaron descendiendo a niveles alarmantes. Hoy, la biomasa total y reproductiva de la especie está en los guarismos más bajos de la historia, según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). Al mismo tiempo, este año la campaña de pesca del calamar, segundo recurso en importancia, terminó cerrándose antes de tiempo porque no había nada para pescar.

Hoy no hay métodos confiables de control sobre los casi 700 buques que operan en el caladero -zona de pesca-. El sistema satelital fue desactivado hace dos años por falta de pago a la empresa que suministraba el servicio. Nunca más volvió a funcionar en forma integral.

Nieto, en este contexto, emprendió dos acciones claras. Una fue la autorización para que los barcos poteros -que pescan calamar- pudiesen operar fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva. La iniciativa fue un fracaso, porque resultó que allí no había calamar.

El otro proyecto fue la resolución 73/04, con la que intentó cuotificar -como indica el régimen federal de pesca- la pesca de merluza. Pero la norma también permitía que 40 buques congeladores -algunos con irregularidades en sus permisos- operaran al norte del paralelo 48°S.

Esto contradecía un decreto anterior (189/99) que había confinado a estas grandes fábricas flotantes al sur de ese límite para preservar el recurso. Apenas una semana después de anunciada, la norma fue suspendida. Es así como la Argentina hoy no cuenta con un régimen de manejo de un recurso crítico como la merluza.

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.