Un arma cada vez menos efectiva para frenar precios

Nacidos hace unos tres años para "desalentar expectativas inflacionarias" y "proteger a los sectores más pobres", según las consignas oficiales, los acuerdos de precios se transformaron casi en un trámite para los empresarios que los firman y en una broma de mal gusto para la sociedad.

Productores de carne, textiles, bebidas, automóviles, remedios, petróleo, banqueros y ejecutivos de la medicina prepaga desfilaron por el despacho del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, u oyeron sus gritos telefónicos más de una vez sin posibilidad de responderle.

Pero el tiempo fue ablandando todo: la dureza de los acuerdos, la credibilidad de los índices y el poder de compra de la población a la cual más se quería "proteger". Por esa razón, no sonó extraño oír a un importante empresario afirmar hace unos días: "Sería una buena noticia si Guillermo realmente se queda, porque, como mucho, nos llama para pedirnos que vayamos a Gobierno, nos saquemos una foto y después deja que cada uno haga lo que quiera".

Un ejemplo claro de este cinismo se reflejó tras el reclamo oficial para que bajaran las tasas de los préstamos de los créditos de los bancos, que habían subido con la profunda crisis internacional. El presidente Néstor Kirchner pegó el grito en el cielo, y Moreno no perdió un minuto en llamar a las entidades que agrupan a los bancos y a los ejecutivos del sector para que "bajen las tasas a un dígito".

-Pero a esa tasa no se puede dar créditos-, lo alertó un banquero con buena llegada al poder kirchnerista.

-¡Y a mí que me importa! Ustedes pongan avisos con la tasa al nueve por ciento y después hagan lo que quieran-, respondió el secretario.

Y así ocurrió, como había pasado antes con el "plan inquilinos": muchas entidades publicaron los préstamos "baratos" y comenzaron a recibir pedidos, que quedaron sujetos a interminables revisiones y a una improbable aprobación.

Unas semanas antes de las últimas elecciones presidenciales, los actores fueron otros, pero el resultado fue similar: se convocó a los supermercadistas a fijar una rebaja en "todos" los productos. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, prometió que habría listas con los productos rebajados.

Nada ocurrió: no hubo listas y los productos no bajaron. De hecho, la canasta básica de consumo subió el 1,34 por ciento en octubre impulsada por bebidas y alimentos (que llegaron a subir hasta el 30%), según Tomadato, la consultora que el propio gobierno usaba para mirar la inflación real.

Mientras tanto, el precio de la luz y del gas para las clases media y alta siguen siendo artificialmente bajos, bien lejos de los ladridos de Moreno.