Un camino impensado que podría conducir al fin de la impunidad

Ángelo Calcaterra abrió una puerta que ni él imagina hasta qué profundidades conduce. El hecho de que el dueño de una empresa importante (ex dueño, en este caso) haya aceptado que pagó coimas por la obra pública en el gobierno de los Kirchner creó un precedente inédito en el país. ¿Qué margen les queda a los otros empresarios sospechados para negar que ellos les pagaban al matrimonio que gobernó durante 12 años? ¿Se resignarán esos empresarios a la desagradable adversidad de la cárcel, que nunca fue ni siquiera una hipótesis para ellos? ¿En nombre de qué lealtad lo harían, si ellos no fueron kirchneristas, sino beneficiarios de un sistema que les imponía la condición de entregar sobornos a cambio de importantes negocios?

Calcaterra sentó, tal vez sin pensarlo, un antecedente imprescindible para terminar de una buena vez con la impunidad. Se autoincriminó y, al revés de lo que muchos piensan, su situación final se resolverá cuando termine el juicio. No compró con su confesión el sobreseimiento de la Justicia. Sólo consiguió una especie de libertad condicional hasta que haya una sentencia definitiva. Calcaterra es un primo muy querido por Mauricio Macri . El Presidente supo la semana pasada que era más que probable que el juez Claudio Bonadío llamara a la puerta de Calcaterra. No defendió a su primo, no criticó al juez. Ese es un cambio también importante en la reacción del poder. ¿O nos olvidamos que por mucho menos Bonadío fue castigado en épocas del kirchnerismo? El Consejo de la Magistratura de entonces le sacó el 40 por ciento de su salario. Bonadío denunció que fue amenazado de muerte y la denuncia recayó en el entonces juez Norberto Oyarbide , el mismo a quien ahora citó a declaración indagatoria. Oyarbide no hizo nada más que una investigación formal. La familia de Bonadío fue perseguida y calumniada. Por muchas razones, el escándalo de cuadernos y de coimas de estos días hubiera sido imposible bajo un gobierno tutelado por Cristina Kirchner . ¿Su hubiera animado Jorge Bacigalupo, el amigo policía de Oscar Centeno, a entregarle a LA NACION los cuadernos?, Seguramente, no. No por falta de coraje, sino de esperanza. La Justicia no habría tenido tampoco la colaboración inmediata del Estado que tuvo Bonadío en su secreta investigación. La Policía Federal le respondió preguntas, inspeccionó y elaboró informes precisos, pero sin saber para qué lo hacía.

El gobierno de Macri podría verse afectado también en lo inmediato, porque algunos de los empresarios encerrados en la fría alcaldía de Comodoro Py estaban dispuestos a participar del programa público y privado de obras públicas. Ese programa es fundamental después del ajuste del gasto público que espoleó la reciente crisis cambiaria . Es probable que la inversión extranjera llegue más rápido en un país en el que la Justicia castiga a los corruptos y todos son iguales ante la ley. El problema es el mientras tanto. Los empresarios encarcelados no invierten. Macri lo sabe. No obstante, decidió no hacer nada. Porque no puede o porque no quiere. Es otro matiz diferente no menor con el régimen anterior.

En medios empresarios se dijo siempre que la obra pública, la energía, el transporte o la importación de combustible eran negocios que se hacían a cambio de sobornos. O se hacían así o no se hacían. El argumento explica la lógica de los negocios, pero es moralmente muy débil. Es, por lo tanto, inaceptable. Hay un ejemplo contrario que muestra lo que los empresarios pudieron hacer y no hicieron. El actual senador por Santa Cruz Eduardo Costa heredó un comercio de venta de materiales para la construcción. Eran los primeros años 90. Costa presidía la Federación Económica de Santa Cruz. Néstor Kirchner , gobernador entonces, lo llamó para explicarle el sistema: o pagaba o no habría negocios para él. Costa vendió su negocio y hoy es dueño de una importante cadena de supermercados en el sur del país, si ninguna relación con el Estado. No transó con el "sistema Kirchner", pero tampoco se convirtió en pobre. Costa ganó las elecciones santacruceñas en octubre pasado y dejó en minoría al kirchnerismo.

La razón de los sobornos más mentada por los empresarios arrepentidos consiste en que fueron presionados, casi extorsionados, para hacer contribuciones a las campañas electorales. Fueron presionados y extorsionados -qué duda cabe-, pero no sólo para financiar las campañas electorales. El viejo ejemplo de Costa sirve también para los años presidenciales de los Kirchner: la coima era un sistema. De todos modos, los fiscales y el juez tienen la posibilidad de cotejar la entrega de dinero con el calendario electoral. ¿Por qué se pagaron sobornos, como se pagaron, en años que no eran electorales? Tal vez fue un método de disimulo mutuo. Los kirchneristas pedían dinero para campañas electorales, aunque no hubieran campañas electorales, y los empresarios financiaban campañas electorales que no existían. Ambos sabían que se estaban mintiendo. Quizás fue así. Solo quizás. Pero eso serviría para explicar la relación entre ellos, no para justificar ante la Justicia el papel que cada uno jugó en el pago y cobro de coimas.

Nadie se arrepiente ante un juez como se confiesa ante Dios. Los empresarios arrepentidos se apresuraron por dos razones. Una de ellas fue la certeza de que el juez Bonadío tiene todo probado. O, al menos, la parte más importante de lo que Centeno escribió en sus famosos cuadernos. El magistrado no los esperaba con "fotocopias", según la alusión peyorativa del cristinismo a esos cuadernos, sino con pruebas irrefutables de que todo fue cierto. Es la consecuencia de la decisión del periodista Diego Cabot de guardarse la primicia, con el riesgo de perderla, y entregar los cuadernos a la Justicia. Cuando Bonadío dictó sus primeras resoluciones sobre el caso, ya tenía todo confirmado. La segunda razón radica en la exitosa estrategia de Bonadío, que la hizo evidente con Calcaterra, y que consiste en una opción muy simple: el que confiesa se ve a su casa, el que calla se queda en la cárcel.

Los cuadernos de Centeno pueden abrir senderos hacia otros sectores de la administración en la que también existió la corrupción. Un área no explorada hasta ahora es la de la importación de combustible, que también estaba a cargo de Julio De Vido . Miles de millones de dólares se jugaron en esas operaciones. Y, fundamentalmente, podría colocar un haz de luz sobre los negocios con la brasileña Odebrecht , que tuvo importantes negocios en el país y que había hecho del pago de sobornos una costumbre cotidiana.

En este contexto que agota la capacidad de sorpresa de cualquier observador, el tribunal oral que juzgaba el caso Ciccone (que refiere al apoderamiento ilegal y arbitrario de una empresa) el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue condenado ayer a casi seis años de prisión efectiva. El caso Ciccone fue también la revelación de dos periodistas, Hugo Alconada Mon y Nicolás Wiñazky, que en su momento, cuando Cristina Kirchner tenía la suma del poder público, devino en una guerra desigual entre el poder político y el periodismo.

Boudou fue una creación política exclusiva de Cristina. Desde sus tiempos como ministro de Economía se convirtió en un recaudador compulsivo de dinero ilegal, aunque no se sabe si sólo para él o también para la familia presidencial. La continuidad de Julio De Vido (y de su imprescindible secretario Roberto Baratta ) fue igualmente una decisión de Cristina. La política se pregunta en estos días, con demasiada frecuencia, a quién conviene y a quién perjudica que la ex presidente haya caído tan bajo y que esté virtualmente en las puertas de la cárcel. La pregunta es vana e inservible, porque ya nadie está en condiciones de frenar ni de acelerar el proceso. A Cristina la esperan dos destinos posibles: la cárcel o la pasajera protección de fueros que deberían eliminarse para los delitos penales. Vale la pena hacerse de nueva la misma pregunta: ¿por qué están presas 18 personas por integrar una asociación ilícita y, en cambio, está libre Cristina, a quien la Justicia señala como jefa de esa asociación?