Un caso que explica la desconfianza en la Justicia

A veces basta un caso para entenderlo todo. Por ejemplo, para comprender por qué la confianza en la Justicia es tan limitada en la Argentina, y no solo por las grandes causas de corrupción. Todo puede ser mucho más cercano y patético.

El escándalo que sacude a los tribunales platenses y que ya tiene a un juez, un fiscal, un exjuez, un comisario y varios policías presos es un ventanal desde donde se avizoran varios abismos: el que ejemplifica la degradación de una parte del sistema judicial penal y, también, el que revela cómo el poder político convivió con una organización mafiosa y hasta permitió o facilitó, por acción o por omisión, la comisión de sus delitos.

Una estructura formada por funcionarios judiciales, policías, abogados, barras bravas y otros delincuentes profesionales puso en riesgo o directamente atentó durante al menos una década contra la vida, la libertad o el patrimonio de la ciudadanía. Es la expresión de la vigencia relativa del Estado de Derecho en la capital de la provincia de Buenos Aires durante varios gobiernos de la democracia, pero especialmente durante la gestión de Daniel Scioli.

El caso por el que están presos el exjuez César Melazo, el fiscal Tomás Morán y un comisario bonaerense, y por el que será sometido a juicio el camarista Martín Ordoqui, no refiere a situaciones lejanas para cualquier persona, como la mala administración o la apropiación de los recursos públicos, siempre tan ajenos y abstractos para la mayoría.

El armado de casos para extorsionar a personas comunes, la absolución de delincuentes sobre los que se acumulaban montañas de pruebas, la liberación de zonas para cometer delitos graves y la asociación con criminales para delinquir o quedarse con el producido de hechos ilícitos son algunas de las evidencias constatadas en la causa que sustancian la fiscal Bettina Lacki y la jueza Florencia Butiérrrez, con el decisivo apoyo e impulso de la administración de María Eugenia Vidal y del procurador general Julio Conte Grand.

Lo más inquietante tal vez sea constatar que esto podría no haber sucedido, o al menos no haber llegado a la magnitud a la que llegó, si, en primer lugar, hace 14 años desde la conducción del peronismo provincial, que lideraba Eduardo Duhalde, no se hubiera intercedido para desactivar el jury que el entonces gobernador Felipe Solá le inició a Melazo, a quien todos sindican como el jefe de la organización. Una organización en la que también estarían involucrados al menos otros dos camaristas de la Justicia provincial, sobre los que hay fundadas sospechas en la causa.

El exjuez ahora detenido solo dejó la Justicia después de que se le abriera un nuevo juicio político, del que no tendría escapatoria porque ya no tenía en el gobierno quien lo cobijara. La constatación le llegó luego de la frustrada gestión que hizo por él un alto dignatario de la Iglesia. Hasta ahí llegaban sus relaciones. Pero esta vez no hubo milagro. El prelado chocó contra la decisión irrevocable de Vidal.

Después de años de sospechas y de escándalos a los que estuvo abonado, Melazo cayó al constatarse que una banda de ladrones a la que él habría protegido y beneficiado cometió un homicidio durante un ajuste de cuentas, lo que desató tal acumulación de pruebas, testimonios y escuchas que derrumbaron esa mafia, que parecía tener impunidad vitalicia.

Las imputaciones a Melazo sorprendieron mucho menos que su detención. Casi nadie imaginaba verlo preso algún día. La sociedad platense y de los alrededores había naturalizado la degradación de las instituciones y la impunidad hasta límites que ahora le costaría reconocer.

Algunas anécdotas de la vida cotidiana del exmagistrado tal vez ilustren mejor que las pruebas de la causa el poder que llegó a tener. Un buen retrato son los cumpleaños que hacía en la amplia chacra donde vivía y que su salario judicial difícilmente le hubiera permitido adquirir sin dejar de lado muchos otros hábitos costosos que tenía. Allí concurrían ministros, magistrados de las distintas instancias de la Justicia en lo Criminal, empresarios, sindicalistas y abogados con mucha fama e influencia. Especialmente uno que frecuenta la farándula, es amigo de populares conductores televisivos y defensor de policías que cambiaron de bando. Contra él también se acumulan evidencias.

Pero hay una presencia que sobresale. Es la del único ministro bonaerense por el que durante su gestión Scioli se enfrentó públicamente a Néstor y Cristina Kirchner, que le exigían su renuncia. Se trata de Ricardo Casal, quien fue titular de la cartera de Justicia durante las dos gestiones sciolistas, y también de Seguridad, cuando ambos ministerios estuvieron fusionados.

Los lazos de los magistrados y fiscales imputados con el peronismo provincial, y más específicamente con el del conurbano, explican el acceso y la permanencia en el Poder Judicial tanto como los sucesivos ascensos. Es el caso de Melazo, pero también el de Ordoqui, quien fue abogado de Aníbal Fernández desde sus tiempos de intendente de Quilmes. También del mismo distrito es otro juez al que se menciona en la causa, como reveló ayer Gustavo Carabajal, en LA NACION.

Los vínculos políticos, sin embargo, no se mantuvieron inmutables a lo largo del tiempo. Algunos ya se habían independizado de sus primeros mentores y tenían juego propio. Eso sostienen en el gobierno provincial, en la Procuración y algunos dirigentes del amplio justicialismo bonaerense. La mayoría coincide en que el caso interpela a la dirigencia y a la sociedad platenses casi en su totalidad.

El escándalo, dicen funcionarios y políticos, desnuda la naturalización de ciertas formas de corrupción, la promiscuidad existente entre los que están o debieran estar del lado de la ley y los delincuentes, las difusas fronteras que la sociedad llegó a admitir y a tolerar o los abusos de poder a los que se resignó.

Uno de los locales de un barrabrava preso, cuya propiedad estaría compartida con un abogado y uno de los jueces investigados, habría albergado reuniones del peronismo local y de Cambiemos, que es el actual oficialismo platense. No hacían diferencias partidarias. Por algo también están bajo sospecha inspecciones y otras actuaciones municipales de varias administraciones, desde la del exministro nacional de Justicia Julio Alak, pasando por la de Pablo Bruera, cuyo hermano fue beneficiado por esta "Justicia", hasta la actual, en manos de Julio Garro, en la cual hay algunos funcionarios preocupados por la deriva de este y otro caso.

Nadie pone en duda, a esta altura, las relaciones entre políticos y magistrados que permitieron o hicieron posible que la degradación llegara tan profundo y se extendiera tanto en el tiempo, lo que parece más complejo de explicar es por qué.

El beneficio económico, personal o partidario, de los políticos que protegieron, toleraron o aceptaron a estos magistrados corruptos no aparece como el fin principal, según la mayoría de las fuentes consultadas, ya sean funcionarios de la actual administración provincial o dirigentes peronistas que desde ya hace mucho enfrentan a estos jueces y fiscales como a sus protectores y mentores.

Se sabe que algunos estratos inferiores, como punteros o dirigentes políticos de las últimas líneas, habrían recibido parte de los distintos botines, que podían provenir tanto de robos, secuestros y extorsiones como de coimas, pero cuya magnitud, que debía repartirse entre muchos cómplices, no les movería el amperímetro a quienes manejaban presupuestos millonarios, con escasos controles reales, y que eran el último reaseguro de su impunidad.

La construcción o la preservación del poder a cualquier precio, la comodidad de no enfrentar situaciones complejas, sin beneficio asegurado, el elevado umbral de tolerancia al vacío moral y la pereza cívica e intelectual parecen explicar mejor lo que ocurrió.

Las miserias y debilidades humanas a veces son más nocivas que la maldad misma. Ya lo explicó Hanna Arendt cuando acuñó la "banalidad del mal", para explicar el espíritu burocrático de un genocida.

El destape al que se animaron tres mujeres puede constituir un aporte sustancial, para que una vez digeridas estas revelaciones empiece a restaurarse la confianza que la sociedad no tiene en quienes administran la justicia, en particular, y en los agentes estatales, en general.

La fiscal Lacki, la jueza Butiérrez y la gobernadora Vidal tienen la oportunidad de cambiar en algo o mucho una historia de decadencia. Hasta acá han demostrado que no carecen de valentía. Pero el lado oscuro del sistema suele tener sus anticuerpos, por lo que hacen falta no solo su compromiso y su eficacia, sino los del resto de la dirigencia y de toda la sociedad.ß