Un caso que obsesionó a Kirchner

Seis días antes de morir, Néstor Kirchner participó personalmente del operativo en que el Gobierno se involucró para aportar a la Justicia el testigo reservado cuya declaración llevó a las detenciones de gremialistas y barrabravas por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El ex presidente, después de recibir el dato de un intendente del conurbano, puso en marcha un operativo político-judicial para llevar a los tribunales al testigo que estuvo el día del crimen en el bando de la Unión Ferroviaria (UF). Kirchner ordenó darle máxima protección, a tal punto que llegó a declarar ante la fiscal Cristina Caamaño (luego designada viceministra de Seguridad) acompañado por el ministro de Justicia, Julio Alak, según consta en la causa.

La declaración del testigo permitió identificar y detener a Cristian Favale, acusado de disparar contra Ferreyra. El 21 de octubre, al día siguiente del crimen ocurrido en Barracas, un militante justicialista llamó por teléfono, asustado y temiendo por su vida, al intendente del conurbano al que considera su jefe político. Le dijo que sabía el nombre del asesino de Ferreyra, pero que tenía miedo de que lo mataran. Le confió que había sido reclutado por el delegado de Unión Ferroviaria (UF) Pablo Marcelo Díaz, actualmente detenido, para participar de una manifestación contra un grupo de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, entre los que había militantes del PO.

Le dijo que sabía cómo se había organizado la patota y que Díaz había elegido a los que participarían de la contramarcha.

El intendente, cuyo nombre se mantuvo desde entonces en reserva para evitar que pudiera inferirse la identidad del testigo, escuchó ese relato y llamó a su vez a su jefe político, Néstor Kirchner, a la quinta de Olivos. Le repitió las revelaciones del testigo, pero le pidió que le diera toda la protección posible.

Kirchner, operando desde la residencia presidencial, puso a trabajar en el asunto al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y se comunicó con Alak para ponerlo al tanto de todo.

Por indicación de Zannini, el intendente kirchnerista acompañó personalmente a su testigo al Ministerio de Justicia y Seguridad, donde se entrevistó con Alak.

Después de escucharlo, Alak lo introdujo en el Programa de Protección de Testigos de su ministerio, que contempla una custodia especial personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y hasta el cambio de identidad, con el otorgamiento de documentos que acrediten el nuevo nombre.

Menos de 24 horas después de su conversación con el intendente, el testigo estaba sentado frente a la fiscal Caamaño y revelaba cómo se había planificado el ataque de Barracas y quién disparó sobre Ferreyra y los tres heridos, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

Entre la obsesión y el enojo. Kirchner estaba obsesionado en sus últimas horas con el esclarecimiento del caso y sabía todos los detalles porque los recibió de primera mano. Por eso, al día siguiente de conocer la versión del testigo secreto, el viernes 22 de octubre de 2010, anunció durante un acto en Chivilcoy que iba a haber "importantes novedades" en la causa. Fueron sus últimas declaraciones periodísticas antes de morir, el miércoles de la semana siguiente.

El ex presidente estaba muy enojado por esas horas y quería ver presos a los autores e instigadores del asesinato. Algunas fuentes del oficialismo dicen también que quería saber si había existido protección policial a los agresores. El relato del testigo, al parecer, daba cuenta de que el gremio de Pedraza había avisado a gente del poder que iba a "sacar de las vías" a los grupos de izquierda.

En noviembre pasado, el sucesor de Kirchner en la banca de diputado nacional, el dirigente social Edgardo Depreti, reveló en público que antes de morir Kirchner "ya tenía y sabía todo acerca de cómo había sido" el crimen de Ferreyra. Y dijo que, además, "había instruido a la SIDE para que colaborara con la fiscal y con la jueza para aportarles datos".

El dirigente social añadió: "El responsable político es Pedraza: no tengo dudas, y los que están presos fueron los ejecutores. Había ahí una asociación con todos los armados que todavía perduran en ferrocarriles vinculados a la patota de Unión Ferroviaria y el manejo que se hace en cooperativas y en órganos de dirección de ferrocarriles. Se vio la complicidad concreta de un modelo sindical que utiliza barras para enfrentar a trabajadores".

En diciembre pasado, en medio de la profunda crisis que provocó la toma del parque Indoamericano, Cristina Kirchner creó el Ministerio de Seguridad, que dejó de depender de Justicia. Puso al frente a Nilda Garré, que designó como su segunda a Caamaño, la fiscal del caso. Su lugar fue ocupado por Fernando Fiszer.