Un contrato desata peleas internas
La Jefatura de Gabinete, el Renar y dos ministerios deslizan acusaciones por el proyecto de identificación balística
La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balística automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus colaboradores.
La puja comenzó incluso antes de que el ministro de Justicia, Julio Alak, decidiera cancelar la adjudicación del contrato por $ 63 millones, lo que, según sus colaboradores, ocurrió en cuanto supo que la Policía Federal había adquirido otro, a la misma empresa, RDS SA, por un monto cinco veces menor, aún cuando las características y objetivos de ambos contratos eran muy distintos.
El operativo en la policía es para peritajes balísticos de las vainas recuperadas en escenas de crímenes o de las armas requisadas -con un almacenaje máximo de datos sobre 50.000 vainas-, mientras que el del Renar pretendía generar un registro -similar al de las huellas dactilares- del 1,8 millón de armas de fuego que hay en el país, sin contar las que circulan en el mercado negro.
"La contratación comenzó en 2008, cuando Aníbal estaba al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, que cuando se dividió llevó a que la policía siguiera con su proyecto y el Renar con el suyo", indicó a LA NACION un funcionario al tanto de los avances de ambas compras.
Los críticos de Alak dentro del Gobierno retrucan, no obstante, que la adjudicación para la policía se concretó cinco meses antes, en junio, y que el ministro firmó la orden para el Renar a mediados de noviembre, sólo seis días antes de que se publicara en el Boletín Oficial.
Desde el Renar, en tanto, su titular, Andrés Meiszner, explicitó repetidas veces su fastidio con Alak, su teórico superior jerárquico, a quien le endilgó durante las últimas 48 horas carecer del coraje suficiente para sostener el contrato, según comentó a varios colaboradores, de los cuales dos lo repitieron ante LA NACION.
Meiszner es un funcionario muy cercano a Fernández, con quien comparte Quilmes como terruño, su afición por el club cervecero, y una relación tirante con la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
"Toda cuestión política"
Las pujas alrededor de los dos contratos adjudicados a RDS, cuyo ejecutivo máximo es Ricardo Sordoni, de buena relación con colaboradores de Aníbal Fernández -como el actual secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria en la Jefatura de Gabinete, José Gaincerain-, fue más allá.
Así, mientras que los aliados de Garré afirman que ordenó mantener distancia de ambos contratos, sus críticos sostienen que en realidad ve al Renar como competencia para controlar el área. Como lo explicitó, dicen, durante el cónclave del Consejo de Seguridad Interior del 23 de noviembre, comunicó a los ministros provinciales de Seguridad que el programa de análisis balístico de la Policía Federal estaría disponible "en breve" para que puedan utilizarlo.
RDS, en tanto, optó por emitir un comunicado de prensa para defender ambos contratos, cuyos procesos de adjudicación calificó de "ejemplares". Y acaso por las luchas intestinas desatadas en el Gobierno, remarcó que cumplió "con todos los requisitos establecidos por la ley, deslindándose de toda cuestión política para resolver este tema".
EL DERROTERO
- Mediados de 2008 : funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, comienza a evaluar la adquisición de un sistema de identificación balística.
- Junio de 2011 : la Policía Federal, ya bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, obtiene un contrato por US$ 2,7 millones para montar un sistema, enfocado en peritajes balísticos.
- Noviembre de 2011 : el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia, obtiene otro contrato, por US$ 14,8 millones, para montar un sistema de carácter registral.
- Luchas intestinas : con la anulación del contrato para el Renar, funcionarios de cuatro áreas del Gobierno cruzan acusaciones solapadas sobre sus verdaderos intereses alrededor del proyecto.