Un estallido tan anunciado como ignorado

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
De la Rúa se quedó sin visión sobre el conflicto social al cambiar a los funcionarios encargados del seguimiento del problema
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23 de diciembre de 2001  

La violencia acompañó cada momento del gobierno aliancista. Fernando de la Rúa no pudo comprender que la herida social desangraría su administración. Desoyó los alertas, que fueron muchos, y avanzó desprotegiéndose al cambiar a los funcionarios que ponían, al menos, un ojo en el escenario de protestas ocultas.

Así se fueron sucesivamente Walter Ceballos, César Martucci, Horacio Viqueira, Gerardo Morales, Juan Pablo Cafiero y Patricia Bullrich. Sin ellos, consumidos en crisis políticas menores en la perspectiva, la Casa Rosada quedó peligrosamente expuesta y abierta a la explosión en su propia plaza.

De entrada nomás, De la Rúa estuvo de cara al desborde popular. Asumió con una crisis desarrollándose en Corrientes.A siete días de haberse sentado en el sillón de Rivadavia intervino esa provincia y mandó a la Gendarmería a desalojar el puente General Belgrano. Después de doce horas de lucha, dos muertos daban el bautismo de sangre nunca deseado para un gobernante. Mal augurio.

Ceballos llegó como negociador para allanarle el camino al interventor Ramón Mestre. Y se quedó con el papel de "bombero".

Su Secretaría de las Provincias se transformó en la Secretaría de Seguridad Interior paralela. En su despacho recibía tres partes diarios con la situación social del país. Los conflictos eran su prioridad.

Estuvo con otros funcionarios cuando estalló General Mosconi en mayo de 2000. La intendencia incendiada en una pueblada que corrió a la policía salteña hizo que se cambiase la estrategia oficial. La decisión del Ministerio del Interior, encabezado entonces por Federico Storani, fue no llegar con la represión, sino en una etapa en la que pudiese negociarse. Equipos técnicos de ese ministerio empezaron a coordinarse con las intendencias. Se armó una "agenda anticrisis".

En mayo de 2000, Storani dijo a LA NACION: "Hemos logrado abortar potenciales conflictos, centenares de ellos, que no salen en los diarios justamente porque no explotan". Sabía que los cortes de rutas se multiplicaban y empezaban a tomarse como real riesgo a la gobernabilidad.

Tartagal y Mosconi sucumbieron al caos por segunda vez en noviembre de 2000. Otro muerto en las rutas, Aníbal Verón. El problema ya no era prever y negociar, sino cumplir. Las promesas fueron cada vez mayores para desactivar problemas; el cumplimiento, mínimo. Ni siquiera la autobomba pedida había llegado a los pueblos del norte de Salta.

Y aparecieron Juan Carlos Alderete y Luis D´Elía con su emblemático piquete en La Matanza. Asustó al Gobierno la posibilidad de caos en el conurbano bonaerense. Se tenía conocimiento de muchas organizaciones menores de desocupados en estado de captación de miembros. Dejó el Gobierno ganar a los piqueteros de La Matanza y provocó el contagio. Desde ese noviembre de 2000, cualquiera con un reclamo tomó una ruta, una calle.

Las fuerzas de seguridad dieron al Gobierno un consejo: no reprimir y tampoco negociar durante los piquetes. La iniciativa que siguió durante todo este año fue asegurar un paso alternativo y esperar el desgaste de los manifestantes. "No tienen estructura para sostenerse más de diez días", fue el razonamiento oficial.

Los últimos intentos

Storani, Ceballos y Martucci cayeron con el plan económico de Ricardo López Murphy. El equipo de Patricia Bullrich quedó a cargo de mirar el conflicto social. La ministra se peleó públicamente con los referentes de La Matanza, pero entendió que se podía negociar con ellos.

Quiso lanzar un plan para erradicar la indigencia, que nunca encontró fondos. Veía el peligro de tener a 3.581.346 personas por debajo de los 62,44 pesos de ingreso mensual.

Cafiero también repartió lo que pudo desde Desarrollo Social. Incluso chocó con todo el Gobierno cuando fue a Mosconi después de la explosión de violencia en junio que provocó dos pobladores muertos y 24 gendarmes heridos de bala.

La tensión social aumentaba a los ojos de cualquiera que viese los informes "ambientales". Tanto fue el temor del Gobierno tras la primera asamblea piquetera que las autoridades se relajaron muchísimo al no reunirse más de diez mil personas en todo el país para protestar en conjunto.

Trasladar la preocupación a los gobernadores -con docenas de protestas diarias aún latentes- fue la decisión de los funcionarios, sobrepasados por discusiones económicas.

Quizá por eso no entendieron el mensaje desde La Matanza. El 8 de septiembre, Alderete advirtió: "Los compañeros de abajo nos piden que vayamos a los supermercados; estamos tratando de que eso no se produzca". D´Elía agregó: "De acá a los saqueos hay un paso". Ellos negociaban, pero ya nadie escuchaba en el Gobierno.

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