Un fallo complicó más a Sabbatella

La Cámara Federal confirmó y amplió el procesamiento del presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella , por supuestas irregularidades en la suscripción de convenios por casi $10 millones cuando dirigía la entonces Agencia Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual (Afsca).

Así lo resolvió la Sala I de la mano de los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. La misma suerte corrió la legisladora porteña María Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que supo ser la directora de Proyectos Especiales de la ex-Afsca.

La causa investiga si hubo desvío de fondos –con fines partidarios– en convenios suscriptos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, entre otros. El fiscal pidió que se sumen a la causa tres expedientes más y puso bajo sospecha un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes.

Los acusados argumentaron que la agencia “estaba legalmente habilitada tanto a suscribir convenios” como a “elegir las asociaciones beneficiarias”. Pero, en ese sentido, el voto del camarista Bruglia fue directo: “Lo que se investiga aquí no es la falta de competencia funcional, sino el uso de la misma en un sentido perjudicial para el organismo que dirigía [Sabbatella]”. Según se desprende de una auditoría de la Sigen citada por el tribunal, hubo discrecionalidad en la elección de las asociaciones bajo sospecha y de los montos de dinero transferido, irregularidades en la rendición de cuentas de las entidades beneficiadas y falta de control por parte de la Afsca. “Las reiteradas inconsistencias en la ejecución de los convenios permiten sustentar la sospecha de que los fondos girados desde aquel organismo habrían sido utilizados para el financiamiento de actividades ajenas a los fines públicos perseguidos por la ley de servicios audiovisuales”, afirmó Bruglia.

Es por ello que el tribunal concluyó y confirmó que la conducta desplegada por Sabbatella y Conde “violó sus deberes del cargo referente a la administración de los bienes” y “ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado”.

Los acusados adelantaron a LA NACION que apelarán la decisión ante la Cámara de Casación.