Un fallo dejó a Lázaro Báez más cerca de la libertad

El empresario Lázaro Báez, detenido desde abril de 2016, está más cerca de recuperar su libertad. La Sala V de la Cámara de Casación no homologó la prórroga de la prisión preventiva que había sido dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, a cargo de la causa "la ruta del dinero K", la semana pasada.

Apenas una hora después del fallo de la Casación, el TOF 4 ya dispuso el cese de la prisión preventiva. Pero esto no implica la inmediata liberación de Báez, ya que todavía tiene prisión preventiva en al menos otras dos causas, a cargo del juez Sebastián Casanello, por el delito de lavado de dinero. De todas formas, el dueño de Austral Construcciones está más cerca de la libertad.

El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, consideró que la decisión del tribunal de prorrogar la prisión preventiva es infundada. Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo emitieron el fallo en la dirección de ese dictamen fiscal.

El argumento del fiscal

De Luca repasó la situación de Báez y argumentó: "El 05/04/19 el Tribunal prorrogó la prisión preventiva de Báez por 8 meses a partir del 05/04/19, y argumentó que se encontraba siendo juzgado en debate oral y público el cual estaba en pleno desarrollo y próximo a su culminación. Por esos motivos y de modo excepcional, cuando se me corrió vista de esa resolución, solicité que se homologue (…). Lo cierto es que pasaron 8 meses y no culminó el juicio, y sabido es que la prisión preventiva no es un instituto previsto para servir a la medida de labor de los jueces o del Estado. Debe procurarse que el imputado tenga una respuesta rápida y definitiva que resuelva su situación procesal ante la ley y la sociedad".

Además, De Luca consideró que la condición riesgo de entorpecimiento de la Justicia para sostener la prisión preventiva de Báez no está fundamentada por el Tribunal, y dijo: "La resolución bajo estudio carece de fundamentación suficiente en tanto no se explica como a esta altura podría entorpecer la marcha del juicio si, como el tribunal lo indica, se encuentra en la etapa próxima a la de los alegatos de las partes, con imposibilidad de incorporar nuevas pruebas o de entorpecer el ingreso de las ya incorporadas al debate". En este sentido, el fiscal remarcó que la regla en la tramitación del proceso penal es la libertad y que la prisión preventiva es la excepción.

Báez está detenido desde 2016 por orden del juez federal Casanello, con el argumento de que intentó entorpecer la investigación judicial. Su prisión preventiva fue confirmada por la Cámara Federal y prorrogada por el Tribunal que lleva adelante el juicio por lavado de dinero hace más de un año.

El plazo de la prisión preventiva establecido por la ley 24.390 es de dos años. En abril de este año, cuando venció la prórroga de un año que se había concedido el año pasado, el Tribunal le dictó una prórroga de ocho meses más, que venció la semana pasada. A la hora de definir si correspondía o no el cese de la preventiva de Báez, el fiscal Abel Córdoba y las partes querellantes en este juicio consideraron que se le debía otorgar otra prórroga de cuatro meses, y en ese sentido resolvió el Tribunal. Esa resolución -de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.390 sobre los plazos de la prisión preventiva- al tratarse de una prórroga, debe ser homologada por la Cámara de Casación Penal.

A partir de la aplicación de los artículos ordenada por el Congreso -vinculados a las prisiones de imputados sin condena firme- del nuevo Código Penal, la opinión de los fiscales es vinculante. Por eso, si Báez solicitara su excarcelación al juez Casanello por las otras causas donde está procesado, el fiscal de la causa en primera instancia, Guillermo Marijuan, debería emitir dictamen, para que el juez resuelva sobre el cese de la prisión preventiva o la excarcelación del empresario.

El giro de Báez: de investigado a víctima

Hace unas semanas Báez declaró en este juicio por primera vez y dijo que se considera una víctima del gobierno de Mauricio Macri. En esa indagatoria negó ser testaferro de Néstor Kirchner y se consideró un perseguido. En el expediente de "la ruta del dinero" está acusado junto a una docena de imputados más -entre los cuales se encuentran sus hijos- de haber conformado una estructura bancaria, jurídica y societaria para el lavado de 60 millones de dólares.