OCDE: Un ingreso complejo que exige profundas reformas en el Estado

Alan Soria Guadalupe
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16 de enero de 2020  

La Argentina contaba, hasta anteayer, con un apoyo pleno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) para ingresar a un club de países ricos y con estándares de calidad institucional, un paso necesario para que nuestro país mejore su proyección de inserción internacional, atraiga más inversiones y agilice el acceso al financiamiento.

El cambio de postura de Estados Unidos, que optó por impulsar la candidatura de Brasil en vez de la de Argentina -a la que apoyó durante los últimos años-, altera un escenario que la diplomacia argentina tomaba como casi seguro: era una cuestión de tiempo que nuestro país se convirtiera en el futuro miembro del organismo.

Sin embargo, el cambio de postura de la Casa Blanca en la que sugiere una "priorización" de Brasil sobre el resto de los aspirantes no significa que la Argentina haya quedado, por ahora, fuera de la carrera por el ingreso.

El proceso de ingreso a la OCDE es complejo y se tienen que cumplir varios factores para que la entidad invite a un país a ingresar a un club selecto de países. La Argentina contó con el aval de los 36 miembros durante la gestión de Mauricio Macri, que se impuso el acceso a la OCDE como una de sus principales metas en política exterior (además del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea). ¿Por qué no entró la Argentina, entonces?

Las demoras en el ingreso de nuestro país provocó hasta quejas públicas del entonces presidente, que en una conferencia de prensa durante la Cumbre del G-20 en Buenos Aires dijo que pasaba "algo extraño" y le preguntó a Jorge Faurie, desde el estrado, cuánto hacía que estaban todas las condiciones dadas para que se concretara el ingreso. "Seis meses", le contestó desde el público el entonces canciller. "Estamos en primer lugar de la lista pero estamos trabados porque no se ponen de acuerdo", agregó Macri, molesto.

El expresidente cuestionó así el mecanismo de selección de los miembros de la OCDE, que tenían previsto elegir a otro país -además de la Argentina- entre un listado corto de naciones que podían cumplir los requisitos para ingresar. Brasil integraba esa lista. También estaban Perú, Rumania, Bulgaria y Croacia.

Una vez que hubiera acuerdo entre los países para hacer la selección, la Argentina podría ser invitada para ingresar, pero esa decisión nunca llegó pese a las muestras de apoyo, las reuniones de trabajo bilaterales y la expectativa -aunque cautelosa- que siempre mantuvo Marcelo Scaglione, el entonces representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE. Los elogios públicos de las autoridades del organismo a la Argentina por "hacer todo lo que tiene que hacer" para ingresar quedaron solo en declaraciones periodísticas.

En paralelo, el giro en las prioridades de la política exterior argentina tras el regreso del kirchnerismo al poder y el manto de duda en el que quedó envuelta la relación bilateral con Estados Unidos terminó por condicionar el ingreso de la Argentina al organismo, compuesto principalmente por democracias liberales. En su lugar, Washington optó por apoyar al gobierno de Jair Bolsonaro, que desde que asumió se alineó fuerte con la Casa Blanca e implementó fuertes reformas liberales. El gobierno de Alberto Fernández calificó la decisión de "razonable" y justificó que en el estado actual de la economía argentina, ingresar a la OCDE traería más problemas que beneficios (ver aparte).

Un proceso largo

La eventual decisión de invitar a la Argentina, a Brasil o a cualquiera de los otros aspirantes no quiere decir, sin embargo, que el país o los países elegidos se conviertan inmediatamente en miembros permanentes de la OCDE.

La invitación abre un proceso de adecuación de las normativas de cada Estado a los estándares impuestos por el organismo.

Recién una vez cumplido ese proceso un país puede convertirse en miembro permanente. Esas adecuaciones abarcan desde cambios laborales, del sistema judicial, de la gobernanza corporativa de las empresas públicas, de la lucha contra el cohecho y reformas en las políticas comerciales, entre otros requisitos. A Colombia, por ejemplo, le llevó más de cinco años ponerse al nivel de la vara que exige la entidad.

En ese plazo, Colombia se sometió a revisaciones permanentes de los 23 comités que integran el organismo para cada área. Durante el gobierno de Macri se habían establecido lazos con esos grupos de trabajo con el objetivo de impulsar las modificaciones normativas que, llegado el caso, agilicen el ingreso formal de la Argentina. El impulso de la ley de responsabilidad penal empresaria y la normalización de las estadísticas públicas, por ejemplo, formaron parte de ese plan, al igual que la transparentación de los fondos destinados a la obra pública para evitar sobrecostos.

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