Un juez procesado pide refugio en Chile

El camarista mendocino Romano, procesado por delitos de lesa humanidad, obtuvo un visado especial; intenta evitar que lo detengan
Pedro Cifuentes
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9 de septiembre de 2011  

MENDOZA.- El camarista federal mendocino Otilio Romano, procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pidió refugio en Chile y ha obtenido un visado temporario de ocho meses para permanecer en el país trasandino, según confirmó anoche el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El 24 de agosto, un día antes de que lo suspendieran en sus funciones, Romano cruzó la cordillera en un avión procedente de esta ciudad y poco después inició la tramitación de un proceso de asilo político, con el objetivo de sustraerse a una muy probable orden de búsqueda y captura de la justicia argentina.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que el magistrado se encuentra en una vivienda ubicada en el exclusivo balneario de Algarrobo, 75 kilómetros al sur de Valparaíso. El Consejo de la Magistratura de la Nación lo había suspendido por unanimidad al iniciar el proceso de juicio político que podría terminar con su remoción. Y el juez federal Walter Bento, instructor de la causa, lo había emplazado a comparecer anteayer. Desde entonces, lo considera prófugo de la Justicia.

A Romano se le imputa haber sido encubridor y partícipe secundario de decenas de casos de allanamientos ilegales, secuestros, torturas y desapariciones. Concretamente es acusado por haber tenido conocimiento de torturas, haber aceptado como prueba judicial confesiones bajo tormentos de los detenidos, no haber investigado violaciones de los derechos humanos en las cárceles ilegales del gobierno militar y promover el rechazo de recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares de desaparecidos.

Había sido denunciado originalmente en 2009 por organismos de derechos humanos que le achacaban haber entorpecido investigaciones judiciales abiertas contra militares del Proceso.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, encabezada por Omar Palermo, impulsor de la investigación, estudiaba anoche solicitar al juez Bento la detención inmediata del magistrado acusado de ser colaboracionista de los represores. Es decir, sin esperar el resultado del juicio político.

En círculos judiciales ya se había especulado con el alto riesgo de "fuga" del juez Romano, que al ser despojado de sus fueros se enfrentaba a un casi seguro encarcelamiento en régimen de prisión preventiva. Los delitos por los que se lo investiga acarrean penas de prisión perpetua.

Tensión diplomática

La inmediata concesión del visado temporario en Santiago ha producido sorpresa en círculos judiciales federales, que temen una suerte de "revancha política" a raíz de la actitud adoptada por el gobierno de Cristina Kirchner en el caso del ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado de haber planificado el asesinato de senador Jaime Guzmán, en 1991, y el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago. El 30 de septiembre de 2010 el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político pese a los reclamos de la justicia y del gobierno chilenos, que lo consideran un terrorista.

El nombre de Apablaza había reaparecido recientemente en los medios, al haber pedido el gobierno chileno la revisión del proceso de asilo político, hace sólo una semana. Eso había despertado temores de que el caso pudiera enturbiar una reunión entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par trasandino, Sebastián Piñera, prevista para el próximo domingo 18.

En el gobierno chileno hay incomodidad por la situación que se le plantea con el pedido del camarista mendocino.

El juez Romano había retrasado numerosas veces la comparecencia ante las citaciones recibidas por la fiscalía y los tribunales -en ocasiones por motivos de salud considerados sospechosos- desde que se iniciaron las investigaciones en su contra.

El magistrado y sus abogados han negado sistemáticamente su complicidad con la dictadura, alegando que siguió siempre el Código Penal Militar que regía en aquella época.

El proceso impulsado por la fiscalía de derechos humanos mendocina imputa también al juez Luis Miret, aunque la situación judicial de este último es menos grave al estar acusado únicamente del delito de omisión.

LOS HECHOS

  • El caso El juez federal de Mendoza, Otilio Romano, procesado por 93 delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar, pidió refugio en Chile. Huyó a ese país el pasado 24 de agosto.
  • Suspensión El Consejo de la Magistratura suspendió unánimemente a Romano el pasado día 25, un día después de su huida, y había sido emplazado a presentarse ante la Justicia.
  • La acusación Romano fue acusado por haber tenido conocimiento de torturas, haber aceptado como prueba judicial confesiones bajo tormentos de los detenidos y no haber investigado violaciones de los derechos humanos.
  • El futuro Chile debe definir si le otorga el asilo político.
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