Derechos Humanos. Un juez sustituto dejó un juicio por sentirse presionado

Dijo que las amenazas del Gobierno al Poder Judicial le impedían ser imparcial con represores

30 de abril de 2009

Un juez suplente de Santa Fe, que debía llevar adelante un juicio oral por crímenes de la última dictadura, pidió ser separado del caso por razones de "violencia moral". Dijo que las "amenazas" del Gobierno para que se condenara a todos los acusados en los casos de derechos humanos ponían en riesgo su imparcialidad.

Anteayer, la Sala II de la Cámara de Casación accedió a separarlo del juicio.

Se trata de Martín Gutiérrez, un abogado que integraba el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como subrogante. Intervenía en el caso Aebi, uno de los principales casos por crímenes de la represión en la provincia.

En su excusación alegó que se sentía coaccionado por las declaraciones "amenazantes" de varios funcionarios, entre ellos, la presidenta Cristina Kirchner. "Ellos señalaron -dijo Gutiérrez- que quienes tienen la responsabilidad de entender, como el suscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones perseguidas por el Estado Nacional, «comparten la ideología represiva», «favorecen a los represores del genocidio» y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento."

Gutiérrez cuestionó, puntualmente, que la Presidenta hubiera pedido la remoción de los jueces de Casación que liberaron a represores que llevaban años presos sin condena. Dijo, además, que no quería exponerse a ser acusado de "pro genocida" si fallaba en favor de algún acusado.

Con estos argumentos, les pidió a sus pares del tribunal que le permitieran dejar el caso Aebi, pero ellos consideraron que no había motivos suficientes y le dijeron que no.

Entonces, dos de los acusados reclamaron a Casación que separara a Gutiérrez. Alegaron que un juez que había admitido semejantes temores no les garantizaba imparcialidad.

"Esto es inédito", afirmó ayer a LA NACION Jorge Auat, titular de la unidad fiscal que coordina los casos de derechos humanos. "En años que llevo trabajando en estas causas nunca oí una cosa así. Lo que dice no es real. Si lo fuera, estas causas no hubieran avanzado como lo hicieron, desde los juzgados de primera instancia hasta la Corte."

La Cámara de Casación no analizó las presiones que denunció el conjuez. Sólo sostuvo que "considerada la situación desde las garantías de los acusados", el magistrado había "perdido el equilibrio" necesario.

Es natural que los camaristas se hayan cuidado de no hacer ninguna apreciación sobre las "amenazas": a dos de los tres jueces que aceptaron la recusación a Gutiérrez, Guillermo Yacobucci y Luis García, el Gobierno les pidió el juicio político por haber excarcelado al represor Alfredo Astiz.

Paz Rodríguez Niell <br/> LA NACION

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