Un marino apto para todo servicio

Preso: en 1994 habría sido enviado como observador a Chiapas; en 1987 fue procesado por 82 delitos en la ESMA y por estafa.

30 de diciembre de 1998

El ex hombre fuerte de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el Proceso, Jorge "Tigre" Acosta, habría trabajado para el Gobierno cuando, en enero de 1994, habría sido comisionado, por el entonces segundo jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), vicealmirante Juan Carlos Anchezar, junto con otro integrante de su grupo de la ESMA, Enrique Peyón, como observador en Chiapas, México, a raíz de la aparición de la guerrilla zapatista, según información proporcionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Autoridades de esta institución recibieron testimonios de varios periodistas, a quienes consideran "buenas fuentes", que desempeñaron tareas profesionales durante el conflicto interno mexicano.

Cuando La Nación intentó confirmar esta información, voceros de la Presidencia de la Nación negaron que se hayan enviado observadores a Chiapas "por tratarse de un conflicto interno" de México. Sin embargo, fuentes de la SIDE confirmaron el envío de los observadores, pero negaron que estuviera entre ellos el ahora destituido capitán de fragata.

Según la directora del centro de documentación del CELS, Cristina Caiati, ésta no habría sido la única vinculación de Acosta con el Gobierno.

En 1991, una empresa de Acosta, Eximport Fund SA, había sido contratada por el entonces presidente del Mercado Central, Rubén Pons (empresario amigo del ex intendente Carlos Grosso), para los trabajos de seguridad interna. Cuando Pons renunció, también se fue Acosta.

Obediencia debida

Según los testimonios de ex detenidos y de organismos de derechos humanos, Acosta fue el responsable de la suerte que corrieron alrededor de 5000 desaparecidos.

Entre ellos, se le imputa haber ordenado el "traslado" (cínico eufemismo de la muerte) de la joven sueca Dagmar Hagelin, herida por el ex capitán Alfredo Astiz; de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet; del escritor Rodolfo Walsh; de la familia Tarnopolsky, y del secuestro y posterior desaparición de los familiares de detenidos en la iglesia de la Santa Cruz, merced a que Astiz se infiltró en el grupo, en el que se encontraba la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Acosta fue enviado, en 1978, a entrevistarse con el rey Juan Carlos de Borbón para informarle acerca de las actividades de los montoneros en España "y de agradecerle el apoyo", según dijo el ex marino entre 1986 y 1987 ante un jurado militar.

En 1981, Acosta, que actuó también con los seudónimos Santiago y Aníbal, fue a Sudáfrica como asesor en la lucha contrainsurgente.

En febrero de 1987 fue detenido y procesado por 82 delitos cometidos como jefe de inteligencia de la ESMA. Varios testigos aseguraron que Acosta estuvo presente cuando fueron torturados. Pero a los cinco meses fue puesto en libertad,beneficiado por la ley de obediencia debida sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Procesado por estafa

A diferencia de Astiz, que durante muchos años fue protegido por marinos en actividad y por la mayoría de los retirados, en la Armada, a Acosta, lo tienen catalogado de "sádico, de loco y de realizar manejos económicos turbios", según aseguró a La Nación un marino retirado.

En diciembre de 1987, el entonces juez federal y actual camarista Martín Irurzun lo procesó, junto con otras 26 personas, en una causa que investigaba una estafa en perjuicio del Banco Central por alrededor de 32 millones de dólares, cometida por la empresa naviera Astilsur SA.

Hombre de buen pasar económico y de buenas vinculaciones, fue señalado por el ex detenido Jorge Basterra y por el marino arrepentido Adolfo Scilingo como poseedor de una de las tres listas de desaparecidos de la Marina. Otra, según Scilingo, estaría en poder del ex jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera, y la tercera estaría en una caja de seguridad en Europa.

Hasta que llegó el efecto tequila, en marzo de 1995, Acosta habría sido el jefe de seguridad del banco cordobés Feigin y, tres meses después, el 12 de junio de 1995, su nombre fue vinculado con el atentado que sufrió el periodista Guillermo Cherasny, aunque esto nunca pudo comprobarse.

En octubre del año último, el juez español Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de 330 ciudadanos de esa nacionalidad en la Argentina durante el Proceso, emitió una orden de captura internacional contra Acosta, Massera y otros 48 marinos e integrantes de fuerzas de seguridad.

En enero último, la fiscal suiza Carla Del Ponte descubrió que Acosta poseía una cuenta bancaria en ese país cuando ordenó la apertura de cuentas de marinos y militares del Proceso, por pedido de Garzón.

Según la información que posee el CELS, Acosta, junto con otros acusados por organismos de derechos humanos, Adolfo Donda Tigel, Claudio Pitana, Peyon y Jorge Carlos Rádice, integraban el aparato de seguridad del fallecido Alfredo Yabrán.

Ahora, Acosta está detenido y el Concejo Deliberante de Pinamar, luego de que el ex marino protagonizara un escándalo en esa ciudad, hace unos 15 días, decidió declarar al ex marino persona no grata.

Alejandra Florit

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