Un nuevo paradigma, que prevé duros castigos por las irregularidades

Esta semana, el presidente Mauricio Macri se refirió en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso a la necesidad de tratar la ley de responsabilidad empresaria. Se trata del proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de octubre de 2016, pero sin que haya sido tratado hasta el momento. Busca combatir la corrupción público-privada haciendo hincapié en la responsabilidad no sólo de los funcionarios públicos, sino también de las empresas, además de las personas que pertenecen a ellas, cuando hay hechos de corrupción.

"Hasta ahora son los administradores de las organizaciones quienes responden penalmente por aquellos delitos de corrupción cometidos a título individual y como consecuencia del cargo que ocupan", dice Carlos Rozen, socio de BDO y presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). "El paradigma jurídico que reina actualmente es que una persona jurídica no puede actuar intencionalmente. Dada la falta de vida física de las organizaciones, la responsabilidad penal no debería proceder." Sin embargo, este paradigma, que ya existe en delitos como lavado y evasión, entre otros, está por cambiar para delitos relacionados con la corrupción.

"No hace falta activar la escala sismológica de Richter para hacer temblar a las empresas", dice Rozen. "Pensemos que entre las penalidades que establece el proyecto está el pago del 20% de sus ingresos brutos anuales." También se les puede quitar la personería, entre otras penas.

Cómo se gestó

Un primer borrador surgió del trabajo en conjunto entre la Oficina Anticorrupción (OA) y el Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de la Universidad de San Andrés. Más tarde, la OA lo discutió con altos funcionarios de la administración pública central. Y como tercer paso se convocaron a referentes del sector empresarial, abogados y asociaciones relacionadas con compliance, entre otras.

"Si se aprueba el proyecto, las empresas van a tener que asegurarse de que actúan de manera íntegra", dice Guillermo Jorge, integrante del CEA, profesor de la Universidad de Nueva York (NYU) y socio de Governance Latam, que asesora sobre el cumplimiento regulatorio. "Las empresas pequeñas van a tener que cambiar poco, porque es fácil saber qué ocurre puertas adentro y no se necesita un programa de controles, pero en empresas grandes, donde hay más sectores que toman decisiones, van a tener que implementar un programa de integridad."

Este programa, que puede ser un atenuante en las penalidades por corrupción si está bien implementado, "supone un protocolo de actuación destinado a evitar que se pueda utilizar la organización, sus medios y recursos para cometer un delito del que finalmente tendría que responder la propia empresa", agrega Rozen. "Si las personas que trabajan para una organización cometen un delito en el ejercicio de su actividad, la persona jurídica tendrá que responder si el delito fue posible porque no han ejercido funciones de supervisión, monitoreo, vigilancia y control." "Además, la empresa tiene oportunidad de reducir sanciones si coopera con la Justicia. El mensaje es que la ley va a ayudar a separar a los que trabajan bien de los que no trabajan tan bien", apunta Guillermo Jorge.

La Argentina tiene el objetivo de formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo internacional del cual participan los países del Primer Mundo. Una de las recomendaciones de la OCDE es elevar el nivel de transparencia a nivel país. En este contexto, el proyecto que Macri pidió sea tratado a la brevedad "prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron delitos, tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó", dijo la titular de la OA, Laura Alonso.

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