Un plan de austeridad y cesación de pagos

Rodríguez Saá no quiere tocar el régimen de convertibilidad, pero las opiniones entre los economistas del PJ difieren
Silvia Stang
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23 de diciembre de 2001  

Las indefiniciones políticas parecieron relegar ayer a un segundo plano el punto que, en rigor, es crucial para la legitimación del nuevo Gobierno: la definición de un plan económico que logre sacar al país de la crisis que terminó con la gestión delarruista.

Sin embargo, aunque ayer no se escucharon anuncios, hubo varias reuniones clave en las que intentaron delinearse las políticas por desarrollar, si es que Adolfo Rodríguez Saá es consagrado hoy presidente.

En ese escenario, el actual diputado Rodolfo Frigeri sería el secretario de Hacienda, según él mismo lo confirmó a LA NACION. Frigeri, hombre cercano a Eduardo Duhalde, es también de la confianza del hasta ayer gobernador de San Luis, de quien fue asesor. Y por esto último fue llamado para hacerse cargo del área económica.

Las principales y más urgentes medidas de la eventual gestión del puntano serían las siguientes:

  • La declaración formal del default, que se produciría mañana mismo, ya que la fecha coincide con vencimientos de deuda por $ 13 millones, según el senador Oscar Lamberto. De todas formas, se encararían negociaciones con los acreedores para obtener una amplia moratoria y quitas de capital.
  • El mantenimiento o incluso el fortalecimiento de las medidas de restricción bancaria. El titular del Banco Central, Roque Maccarone, les advirtió ayer a los economistas del PJ que el riesgo de liberar aunque más no sea en parte los fondos sería una decisión demasiado riesgosa. Por eso, en caso de permitir mayores extracciones para los asalariados, se evaluaría la posibilidad de dejar totalmente indisponibles los plazos fijos.
  • La instrumentación de un plan de emergencia social, que incluiría un seguro de desempleo y una asignación universal por hijo menor de 18 años. El costo sería de $ 350 millones y se financiaría, en parte, con lo que se deje de pagar de la deuda. Además, se contemplarían incentivos fiscales y subsidios para los afectados por saqueos.
  • En cuanto a la convertibilidad, la idea de Rodríguez Saá es ratificarla. Pero en este punto no existe total consenso en el PJ. Por caso, el diputado Jorge Matzkin le dijo anoche a La Nacion que existen dos opciones: “Usar las reservas y salir de la convertibilidad más adelante, o salir ahora manteniendo el nivel de reservas”. Frigeri, por su parte, respondió con un escueto “no creo” a la pregunta sobre si se saldría del régimen de paridad. Pero se excusó de dar precisiones y sostuvo que el futuro presidente es quien deberá hacer los anuncios.
  • Una fuerte reducción del gasto público, con un programa en el que Rodríguez Saá aplicaría varias medidas que ya tomó en su provincia, como la eliminación de los vehículos oficiales, previo remate de los existentes; la disminución de la cantidad de cargos públicos y la baja de los salarios del sector estatal, con topes más ajustados que los actuales. La primera señal de esta decisión de “austeridad” está dada con la decisión de que el área económica será una secretaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
  • La aplicación de un programa de provincialización del PAMI, transfiriendo a las administraciones locales la responsabilidad de la atención de la salud de las personas mayores. Es un tema complejo, ya que se requiere en primer lugar una solución para la gigantesca deuda de la obra social, que pone en riesgo las prestaciones.
  • En vista de las necesidades fiscales, pero principalmente de la eventual designación de Oraldo Britos al frente de la cartera laboral, no se descarta que se vuelva a echar mano a los ahorros previsionales de los afiliados de las AFJP.
  • Números complicados

    Frigeri analizó ayer, junto a otros legisladores como Lamberto, Matzkin y Jorge Remes Lenicov, los números fiscales. También participó de las tareas el ministro interino de Economía, Jorge Capitanich, de quien aún no se sabe si seguiría en algún cargo. “La situación es más grave que cuando se fue Alfonsín”, apuntó Matzkin.

    Durante la jornada, se sucedieron múltiples consultas con economistas. El jefe de Gabinete, Humberto Schiavone; el ministro del Interior, Miguel Angel Toma, y otros hombres del justicialismo escucharon las opiniones de Martín Redrado (Fundación Capital), Emilio Cárdenas (HSBC), el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, el ex titular del Banco Central Pedro Pou y los ex ministros Ricardo López Murphy y Juan Llach.

    Uno de los puntos en que estos dos últimos economistas coincidieron fue en la conveniencia de nombrar a un presidente por dos años. Los especialistas señalan que la sensación de discontinuidad le hará un flaco favor a la imagen del país frente a los inversores y acreedores externos.

    Medidas para salir de la crisis

  • Deuda pública
  • Suspenderán los pagos

    El próximo vencimiento es mañana mismo y el nuevo gobierno decidiría no hacer frente al pago. Se entraría entonces en una moratoria con una quita de capital compulsiva.

  • Búsqueda de fondos
  • Tocarían el sistema de AFJP

    Una alternativa para aliviar la situación fiscal sería derivar parte de los aportes salariales de los afiliados al régimen jubilatorio de capitalización al Tesoro nacional.

  • Ahorro
  • Reducción de la burocracia

    Se eliminarían cargos públicos y se bajarían los sueldos más altos, estableciendo topes más ajustados que los que rigen actualmente. También se limitarían otros gastos, como los de los vehículos oficiales, algo que Adolfo Rodríguez Saá hizo en su provincia.

  • Corralito bancario
  • Seguirá la restricción al efectivo

    Se evalúa también alguna medida de inmovilización de los depósitos a plazo fijo, para limitar al máximo las posibilidades de huida de fondos del sistema financiero.

  • Subsidios
  • Habría un plan de ayuda social

    Se pagaría un ingreso mensual a los desempleados, una asignación por hijo menor de 18 años.

  • PAMI
  • Provincialización de la obra social

    Transferirían a las provincias la responsabilidad de las prestaciones de salud a los jubilados. La entidad pasa por una grave crisis financiera, agravada por la continua caída de sus ingresos. Esa situación pone en riesgo los servicios médicos para la población de la tercera edad.

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