Un procesado por la compra del helicóptero de la Presidencia

El ex funcionario que negoció la compra del helicóptero que utilizó Carlos Menem durante su presidencia quedó procesado ayer por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien le imputó haberle exigido una "comisión" a los representantes de la empresa constructora del aparato.

Jorge Norberto Ramos, el cuestionado ex subsecretario de Coordinación de la Secretaría General de la Presidencia durante el menemismo podría afrontar así una condena de hasta cuatro años de prisión y una inhabilitación especial de hasta seis años si es condenado.

Canicoba Corral consideró probado prima facie que Ramos habría exigido una comisión a los empresarios Juan Francisco Fabri, padre e hijo, representantes locales de la firma estadounidense Sikorsky Export Corporation.

Ramos les habría pedido dinero a los Fabri "para asegurar los trámites necesarios para que los trámites de la compra fueran finalizados a tiempo" por la administración pública en 1993 y evitar que se frustrara la operación, valuada en más de US$ 15,9 millones.

Canicoba Corral reconstruyó en su investigación que Ramos también les habría reclamado esa "comisión" a Justo Federico Norman y Donald Berger, letrado y director general de marketing regional de Sikorsky, respectivamente, quienes rechazaron esa presunta solicitud.

Al ser indagado por la Justicia, Ramos negó haber protagonizado ese pedido y conocer a los empresarios que declararon en su contra. "Me siento como el blanco elegido, el eslabón más débil de una cadena en una pelea de intereses comerciales de dos empresas", dijo Ramos, en alusión a las firmas de los Fabri y la multinacional Sikorsky.

Helicóptero VIP

Los hechos habrían ocurrido a fines de 1993, cuando la Casa Militar decidió modernizar la flota de aeronaves de la Presidencia. Para ello había convocado a los representantes locales de las empresas Bell, Sikorsky y Superpuma para que presentaran las propuestas de sus helicópteros VIP, que finalmente fue adquirido mediante una contratación directa.

El presunto ilícito se ventiló primero, sin embargo, en los Estados Unidos, donde hubo en sede judicial una disputa por incumplimiento de contrato. Pero sólo se conoció en nuestro país cuando lo publicó la revista TXT en abril de 2003.

El entonces jefe de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, ahora titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas radicó la denuncia, que recayó en el juzgado federal de Canicoba Corral.

"La existencia en autos de dos testigos directos de la exigencia dineraria efectuada por Jorge Norberto Ramos son elementos, a mi entender, suficientes para tener por acreditada la comisión del delito referido", concluyó el juez, al disponer el procesamiento del ex funcionario.

Canicoba Corral estimó probado que Ramos había incurrido en el delito de exacción ilegal, previsto en el artículo 267 del Código Penal, que establece una pena de hasta cuatro años de prisión al funcionario público que exigiere una contribución o dádiva, empleando "intimidación, orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima".

El magistrado también impuso un embargo preventivo de $ 300.000 sobre los bienes de Ramos.